El fiscal pide tres años de cárcel para Marí Tur por «contribuir a destruir» patrimonio en las obras del cinturón

IBIZA |E. RODRÍGUEZ La Fiscalía de Ibiza pide para el exconseller de Patrimonio y Cultura Joan Marí Tur, del PP, una pena de tres años de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 72.000 euros por la comisión de un delito continuado sobre el patrimonio histórico por «contribuir a la destrucción» de diversos restos arqueológicos hallados durante las obras de ampliación del segundo cinturón de ronda. El Ministerio Público también pide para el exconseller 11 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Los hechos fueron denunciados por el Grup d´Estudis de la Naturalesa.

El fiscal pide la misma pena para el exdirector insular de Patrimonio, Antoni Arabí, por los mismos hechos.En este caso, el Ministerio Público atribuye a Arabí la culpa de no haber propuesto al conseller la incoación de un expediente sancionador a la empresa constructora (Matías Arrom Bibiloni) por haber iniciado las obras sin el seguimiento arqueológico que marca la ley. Arabí recibió un escrito de la empresa de arqueología Posidonia en la que le alertaba de que las obras se desarrollaban sin control arqueológico y que, precisamente por ello, ya habían arrasado una cisterna púnico-romana en la zona de Can Bufí. Esta carta entró en el Consell el 24 de noviembre de 2004 (las obras habían empezado el 25 de octubre).

Arabí envió luego una carta al director general de Obras Públicas del Govern alertando de la situación y pidiendo que la empresa adjudicataria contratase a un arqueólogo. No obstante, Arabí infringió el reglamento orgánico del Consell al no proponer una sanción a MAB por iniciar las obras sin el seguimiento arqueológico ni informar, a sabiendas, según el fiscal, del hallazgo. En cuanto al exconseller, la Fiscalía sostiene que, a tenor de lo sucedido, Marí Tur estaba obligado a paralizar y suspender las obras, pero, «a sabiendas, decidió no hacerlo». También eludió conscientemente, según el Ministerio Público, incoar un expediente de sanción a MAB. El escrito de acusación señala que los dos acusados incumplieron de forma «flagrante» y con «evidente y absoluto desprecio» sus obligaciones legales, que debían conocer «inexcusablemente» por razón de su cargo.

Obras «ilegales»
El fiscal considera que Marí Tur y Arabí eran conscientes de acuerdo a la Ley de Patrimonio de que las obras habían pasado a ser «ilegales» al no haberse comunicado por parte de la empresa el hallazgo arqueológico que fue destruido y, pese a ello, «no adoptaron las correspondientes medidas de protección y conservación del mismo ni suspendieron la marcha de las obras contraviniendo dos artículos de la citada ley».

El Ministerio Público también pide una pena de tres años de prisión para el constructor Matías Arrom Bibiloni y también para el jefe de la obra, Sancho Álvarez, así como el pago de sendas multas de 72.000 euros por un delito continuado sobre el patrimonio artístico.

En cambio, el fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional respecto a Joan Ramon, jefe de servicios de Patrimonio del Consell, ya que a la vista del informe pericial, «no se demuestra que los informes que sucesivamente fue emitiendo, fuesen notoriamente arbitrarios o carentes de justificación».

La empresa constructora contrató posteriormente a Posidonia para efectuar la supervisión arqueológica. Fue después de la destrucción de la cisterna púnico-romana. Sin embargo, el fiscal apunta que los acusados, pese a que sabían que existía «una alta probabilidad» de que se encontrasen nuevos restos, ordenaron que continuasen adelante las obras sin comunicar previamente a los arqueólogos en qué lugar y momento iban a actuar, con «el más total y absoluto desprecio e indiferencia por la normativa aplicable que les obligaba a paralizar de inmediato las obras, tomar las medidas adecuadas y comunicar el descubrimiento de los restos a la conselleria». Esta situación provocó la destrucción de muchos restos arqueológicos. También solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente el valor económico de los restos arqueológicos dañados por la cuantía que determine un informe pericial. De hecho, el fiscal ha pedido que se acuerde la apertura inmediata de una pieza separada en la que se requiera a los imputados el pago de una fianza que cubra las posibles responsabilidades pecuniarias.