El Institut d´Estudis Eivissencs (IEE) arremete de nuevo contra el Ayuntamiento de Ibiza por su gestión sobre el patrimonio. En este caso, el IEE denuncia que la comunidad de propietarios ha derribado el edificio de los números 1, 3 y 5 de la calle de la Drassana, en el barrio de la Marina, sin tener en cuenta que la fachada, «aparentemente en buen estado», tenía «una belleza relevante».
En una carta, el presidente del IEE, Marià Serra (ver página 18), acusa al Ayuntamiento de Ibiza de haber incumplido la normativa de patrimonio al haber autorizado el derribo sin la autorización previa del Consell.
Serra apunta que el Consistorio ha incumplido hasta cinco artículos de la Ley de Patrimonio Histórico y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de sa Penya, la Marina y zonas del Eixample. Entre otras cosas, el IEE asegura que, pese haberse declarado en ruina este edificio, el Pepri prohíbe echar abajo partes del edificio «en buen estado, como la fachada en este caso». Además, destaca que la Ley de Patrimonio Histórico prohíbe el derribo de inmuebles protegidos sin la previa autorización de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico, dependiente del Consell, y el informe favorable de una institución consultiva de las previstas en la ley.
El Consistorio niega haber incumplido ninguna ley y asegura, en contra de lo que manifiesta el IEE, que la fachada estaba en «muy mal estado» y que los técnicos municipales entienden que resultaba «imposible» salvarla. El equipo de gobierno sostiene que la interpretación del Pepri por parte del IEE es «absolutamente parcial», dado que este documento «no prohíbe totalmente las demoliciones», sino que las contempla para «casos excepcionales», que son aquellos, precisamente, en los que existe una declaración de ruina. Vila recuerda en un comunicado que en julio de 2009 este edificio fue declarado en ruina.
Declaración de ruina
Agrega que tanto la declaración de ruina como la licencia de edificación de este inmueble se otorgaron conforme a lo que marca el plan urbanístico de 1987, vigente en aquel momento, y que ambos trámites fueron analizados y aprobados por la comisión de seguimiento del Pepri. Los promotores del nuevo edificio deberán reproducir fielmente la fachada, pero deberá adaptarse a la normativa actual de habitabilidad.
La ejecutiva del IEE sostiene que aunque las fachadas sean sustituidas, «ya no es lo mismo» y provoca que se vaya «perdiendo la fisonomía de los barrios tradicionales». Pide al Ayuntamiento que en 2011 lleve a cabo una nueva gestión sobre el patrimonio, «más sensible a la conservación histórica de la ciudad y menos proclive a las políticas de los hechos consumados». «Siempre resulta más barato y sencillo derribar todo un edificio que conservar fachadas o elementos originales, pero las leyes de conservación del patrimonio se aprueban para que se cumplan», advierte el IEE.
