El conseller balear de Presidencia, Albert Moragues, se comprometió ayer en el Parlament a que el Govern hará «un esfuerzo» para tratar de que los municipios de Vila y Maó vuelvan a formar parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. «Cuando nos llegue la disconformidad de los municipios nos sentaremos y estudiaremos una salida y un acuerdo con todas las administraciones», dijo.

El Consell de Govern aprobó recientemente la nueva composición del órgano de dirección de la Autoridad Portuaria, que en virtud de la nueva Ley de Puertos se ha visto reducida y deja fuera a los representantes de los ayuntamientos de Ibiza y Maó, lo que ha causado malestar.

El diputado del PP Simón Gornés pidió ayer a Moragues una solución a este problema. El conseller recordó que el Ejecutivo autonómico se ha limitado a aplicar de «forma estricta y literal» lo que dicta la ley, que fue aprobada en el Congreso de los diputados con el consenso del PP y el PSOE. Por ello, Moragues instó a Gornés a que conmine a los representantes de su partido en el Congreso a que modifiquen la ley para dar entrada a Maó y Vila. En todo caso, dijo que «se hará todo lo posible» para «dar un encaje» al problema», pero advirtió a modo de conclusión: «La ley dice lo que dice, no lo que queremos que diga».

«Estamos completamente de acuerdo con que en tiempos de crisis se reduzca el gasto, pero no entendemos que se excluya a los municipios de Ibiza, Maó y Alcúdia de este organismo. De los cinco municipios de Balears con puerto estatal que estaban representados por su ayuntamiento hasta ahora, se prevé que solo queden dos, y entendemos que esto no representa en forma suficiente a los municipios afectados», aseguró el diputado del PP.

Este partido ha presentado en el Parlament una proposición no de ley solicitando que esta institución manifieste su rechazo al recorte de representación municipal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Además, insta al Gobierno central a modificar las leyes para garantizar la representación local, al Govern a otorgar a los municipios la cuota que merecen y a las federaciones de municipios a unirse en defensa de los intereses de las ciudades implicadas.