Víctor Beltrán Roca: «La dimisión de Ramón estaba cantada»

—¿Qué le parece la dimisión de Miquel Ramon? ¿Le ha sorprendido?

—No porque a la vista de cómo se estaban desarrollando las cosas, era una dimisión cantada.

—¿Ha actuado correctamente?

—Ha sido coherente con su postura ideológica, tanto a nivel personal como de grupo (ExC), ya que en su programa electoral proponía la modificación del PTE. He trabajado con él en la Ciotupha durante tres años y pico. Es un político honrado y trabajador, pero ha sido víctima de una respuesta fuerte de una mayoría social que estaba en contra de esta modificación del PTE.

—¿Tienen alguna preferencia en torno a la persona que le sustituya?

—No. No influimos ni participamos ni se nos pide opinión sobre esta cuestión.

—¿Ya saben de qué manera van a participar en el Consell de Territorio i Paisatge que el presidente, Xico Tarrés, quiere impulsar para consensuar los cambios en el PTE?

—No se ha avanzado nada de momento, pero es muy importante que se constituya. Hay un tema muy importante que es que la retirada del PTE puede provocar que se presenten proyectos de una manera atropellada. El presidente del Consell o el nuevo conseller de Territorio debe dejar muy claro el mensaje de que no se va a volver a aprobar inicialmente un PTE a corto plazo sino que a través de la constitución del Consell de Territori o la mesa permanente que nosotros proponemos se buscará el consenso y que no se vuelva a repetir lo que ha pasado ahora.

—¿Cree que el incremento de solicitudes de licencias con la vuelta al PTI anterior puede ser tan importante?

—Bueno, creo que si no lo ha habido [este incremento] antes de la aprobación inicial del PTE [recuerda que en otras épocas en situaciones similares se detectó un aumento importante de proyectos a visar], no tendría por qué haberlo ahora, pero creo que puede producirse. Mucha gente que tiene fincas situadas en zona 1 inedificable, según el PTE, correrá a tramitar su proyecto ante el temor de que más adelante le pueda volver a afectar. Por esto es muy importante que haya un mensaje político muy claro de que no se va a aprobar una modificación del PTE a corto plazo, sino que se estudiará a más largo plazo y que habrá consenso.

—¿Cree que se debe tomar alguna medida específica para evitar que ahora se puedan tramitar proyectos a la carrera, tal como apunta?

—Si se constituye el Consell del Territori y se pone a trabajar inmediatamente, habría que aplicar alguna medida, que podría ser a corto plazo y puntual, siempre y cuando se detectara un riesgo evidente sobre el territorio.

—¿Otra moratoria, por ejemplo?

—Por ejemplo, pero la tendría que consensuar la mesa del PTE.

—¿Los tres años de la moratoria que se aprobó para tramitar el PTE, que ahora se retirará, han afectado mucho a la actividad?

—No sé. Tampoco sé a cuántos proyectos podría haber afectado si esta moratoria no hubiera ´blindado´ temporalmente a las zonas ANEI. No lo puedo saber, pero independientemente de la tramitación de proyectos nuevos, las moratorias siempre son incómodas. Para que exista actividad en el sector de la construcción con la menor obra nueva posible [es decir, con reformas], todo lo que supone paralización para las viviendas existentes legales es un inconveniente. Si se impiden ampliaciones, se afecta directamente a las obras de rehabilitación, que son muy importantes para generar actividad con una incidencia muy pequeña en cuanto al impacto.

—A tan pocos meses de las elecciones, ¿piensa que sería más acertado aparcar el tema del territorio para la próxima legislatura o no se puede demorar?

—Este trabajo [la búsqueda del consenso] ha de hacerse inmediatamente. Este asunto está caliente y se ha intervenido, por lo que mucha gente, que ha podido estudiarlo [el nuevo PTE], ha visto los pros y contras. Es el momento para continuar el debate y apuntar y estudiar nuevas opciones. Hay que iniciar ya el debate participativo.

—¿Entienden que la retirada del PTE ha sido acertada?

—Creo que ha sido acertada en la medida en que inmediatamente se ponga en marcha una mesa permanente para debatir el PTE. Si no se ha de hacer nada en los próximos meses, yo preferiría que se estudiaran las alegaciones presentadas y no se hubiera suspendido la aprobación inicial.

—Precisamente, ustedes mantienen que si se hubieran aceptado sus alegaciones al PTE, este documento hubiera quedado mejor que el anterior, el cual ahora volverá a aplicarse.

—Cierto. Si se hubieran recogido el grueso de nuestras alegaciones este PTE sería mejor que el anterior.

—Aunque no es un PTE bueno para la isla, según recogen las alegaciones del Colegio de Arquitectos.

—Este PTE adolece de lo mismo que el PTI anterior y la mayoría de los documentos de ordenación del territorio que hacen los equipos de gobierno sin buscar consensos más amplios. Es un problema general. Para nosotros este PTE no es bueno, sería mejor que el anterior si recogiera nuestras alegaciones, pero entendemos que se ha de hacer de otro modo.

—¿Las alegaciones presentadas por el Colegio de Arquitectos representan a la mayoría del sector?

—No sé decir qué porcentaje, pero creo que sí que representa a la mayoría, sin que sea aplastante. Hay una gran preocupación en el colectivo, sobre todo en cuanto a las manifestaciones apuntadas sobre la necesidad de que la ordenación del territorio sea consensuada, con participación de los agentes sociales, basada en estudios y una metodología de trabajo a cargo de equipos de profesionales de prestigio. Las alegaciones las hicimos Stefano Cortellaro, que es profesor de Urbanismo de la Universidad de Barcelona y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, Marc Tur, también de la Junta, yo y algún otro arquitecto de nuestro entorno al que le hemos consultado cosas concretas. La Junta solicitó al colectivo mediante una circular que aportase las propuestas que quisiera. Algunas las hemos considerado, otras en parte y otras muy poco. Entendemos que es potestad de la Junta. Nuestro colectivo es variopinto, con opiniones de todo tipo, todas respetables, pero la Junta de Gobierno, como su propio nombre indica, es la que gobierna. Hubo una reunión bastante participativa, con la asistencia de más de 30 arquitectos. La gente que acudió formaba parte del sector más crítico con el PTE. Se recogieron algunos de los comentarios que se hicieron.

—El Consell ha lamentado que se haya producido una campaña de intoxicación sobre el PTE ¿Qué cosas se han manifestado sobre el PTE que, a su entender, no son ciertas?

—Pues que se van a tirar todas las viviendas ilegales. Estamos de acuerdo en que las viviendas ilegales que no sean legalizables no se legalicen. Pero existen muchas viviendas construidas legalmente que, por ejemplo, tienen un cuerpo ilegal y, por ello, no quedan en situación ilegal por el hecho de que cambie el planeamiento sobre el que se han edificado. Sobre esto hay un discurso demagógico.

—¿Qué le parece la actitud que ha mantenido el PP?

—Es un tema político sobre el que prefiero no pronunciarme. Entiendo que el PP, ahora que está en la oposición, debería entrar a consensuar más un documento marco. Unas ideas de partida de modo que el documento que saliera sirviera para todos o, al menos, para una masa social mayoritaria. Lo mismo diría si la izquierda estuviera en la oposición.

—¿Cree realmente, por la idiosincrasia de la isla, que se puede plantear el modelo alternativo que ustedes proponen y que consiste en proteger más el suelo rústico trasladando derechos edificatorios de estas áreas a zonas urbanas?

—No es más que una hipótesis. No es el modelo propio de aquí. Esta isla antiguamente contaba con una ciudad que era Vila y la gente tenía sus casas en el campo. No es como en otras islas, donde la gente vivía en el pueblo y desde allí acudía a su finca a trabajar. Sin tener estudios cuantitativos ni encuestas no puedo decir si ese modelo sería factible, pero merece la pena estudiarlo. Siempre se está a tiempo de volver al modelo anterior. Podría estudiarse una zona concreta de la isla, recoger de cuántas parcelas hablamos, qué capacidad de segregación tiene esa área e imaginarnos todo aquello con casas, que es el modelo que tenemos ahora.

—¿Pero cómo se explica a la gente que tenga unas expectativas en una parcela de su propiedad que no podrá construir allí, pero sí en otra zona urbana, cuando ahora tres años después de la aprobación de la ley que protege Benirràs y otras zonas de la isla aún no se ha encontrado la forma de compensar a los afectados?

—Desde luego. Pero hay una cuestión que está clara: existe un modelo de desarrollo de colonización del campo y, al mismo tiempo, todos tenemos la convicción de que el paisaje de la isla es uno de los activos de nuestra primera economía, que es el turismo. Yo lo tengo clarísimo. El mar, el paisaje y el clima por ejemplo son anteriores a intereses particulares, por muy extensos que sean. Merece la pena estudiarlo e intentarlo, siempre y cuando técnicamente sea posible. Lo que no podemos hacer es aprobar un documento cuando no tenemos las herramientas adecuadas para desarrollarlo. Eso genera frustración. No se puede proteger una cosa y decir luego que ya veremos cómo lo compensamos. Tienes que hacerlo cuando sabes que esas herramientas, aunque sea a medio plazo, estén cuantificadas y se cuente con ellas. Para eso hacen falta economistas, sociólogos, gente que estudie la estructura catastral del campo y de la propiedad, incluso la economía de las familias. Quizá se hace demagogia con eso porque cabe preguntarse de cuántas familias hablamos en proporción al número de segundas residencias. Este tema es diferente y puede considerarse anticonstitucional porque no se puede tratar de forma diferente a la gente.

—¿Se les puede acusar de que detrás de su propuesta haya un interés económico; es decir, que les pueda interesar más la construcción de bloques de viviendas en suelo urbano que chalés?

—Para nada. Nos mueve el deseo o la aspiración de tener una isla ordenada de forma que el paisaje, las fincas agrícolas y los bosques estén protegidos y cuidados y a la vez utilizados. Por ello, las soluciones pasan por el acuerdo o dejar satisfechos a los propietarios.

—En sus alegaciones apuntan que se podría premiar de alguna manera a los propietarios afectados de su propuesta alternativa. ¿De qué modo?

—Con exenciones fiscales, por ejemplo. Especialistas en este campo podrían plantear algunas fórmulas.

—¿Cree de verdad que con los intereses políticos existentes, se puede alcanzar un consenso para que el urbanismo no se toque en muchos años?

—Bueno, yo soy de la opinión de que el urbanismo debería tocarse constantemente. Debería haber mesas y encuentros permanentes para revisar lo acordado, pero estoy completamente convencido de que si la ordenación del territorio tuviera un calendario distinto al electoral, no se utilizaría como arma arrojadiza. Creo que el grueso de la masa social, entre los que se encuentran los políticos, estaría de acuerdo en seguir un camino conjunto. Probablemente habría políticos muy viscerales en una determinada dirección o en otra que no se sumarían. Estoy convencido de que a buena parte de la derecha política le encantaría buscar soluciones para conservar gran parte del campo ibicenco que todavía se mantiene virgen.