La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia formulada por un grupo de vecinos de Sant Rafel por los supuestos efectos perjudiciales para la salud de tres antenas de telefonía móvil ubicadas la localidad, una de ellas a 65 metros del colegio público. El Ministerio Público considera que no se puede establecer una relación directa, a tenor del informe del médico forense, entre las cefaleas y demás patologías denunciadas con las emisiones de las antenas.

En la denuncia, presentada en enero de este año, se alertaba de «la preocupación» de los residentes por los síntomas que algunos de ellos presentaban desde hacía un tiempo, incluso los de algunos niños que asisten al colegio, que, según los denunciantes, se quejaban de «fuertes jaquecas y dolores de estómago».

Por ello, los vecinos pedían que la antenas que se encuentran dentro del pueblo de Sant Rafel fueran alejadas del casco urbano a una distancia preventiva mínima de 500 ó 600 metros, dada «su peligrosidad para la salud de las personas», y que «el límite de la densidad de flujo de potencia fuera la recomendada en los congresos científicos internacionales». Dicha denuncia fue ampliada a mediados de abril y uno de los denunciantes puso de manifiesto que en los últimos tres años había tenido que llevar a su hijo al médico «unas 15 veces por migrañas, dolores de estómago y la disminución de sus defensas».

La Fiscalía solicitó un atestado al Seprona para constatar la existencia de las tres antenas y su distancia al núcleo urbano. En este informe los agentes de la Guardia Civil especializados en el medio ambiente explicaban que había tres antenas, una de Telefónica a 65 metros del colegio, otra de Orange a 200 metros del centro urbano y a 100 de una casa próxima y una tercera antena fuera del núcleo urbano.

Acto seguido, también en el mes de abril, el fiscal solicitó el informe de un médico forense para tratar de determinar si podía haber una relación directa entre las dolencias denunciadas y las emisiones de las antenas. En dicho informe se refleja que se trata de una cuestión de motivo de controversia que ha dado lugar a múltiples estudios científicos con posicionamientos «contrapuestos».

Pendientes de la ordenanza

El fiscal considera que hasta la fecha no se puede establecer una relación directa entre las emisiones y las patologías de la población ya sea infantil o adulta, tal y como, además, concluye el estudio científico que los vecinos aportaban en su denuncia. Así, al no quedar acreditada la existencia de un perjuicio grave para la salud, tal como exige el artículo 325.1 del Código Penal, el Ministerio Público decidió antes del verano archivar la denuncia.

Hace más de dos años los vecinos ya pedían la retirada de las antenas y el alcalde, José Sala, anunció la aprobación de una ordenanza para exigir a través de la misma a las empresas de telefonía que hubieran instalado antenas o pensasen hacerlo en el futuro que aportasen un visado expedido por el Ministerio de Industria que certificase la inocuidad de las emisiones, algo que según el grupo de la oposición (PSOE-ExC) aún no se ha hecho.