El nuevo decreto que prepara el Govern para regular las intervenciones arqueológicas en Balears obligará a estos científicos a presentar una memoria que detalle los resultados de sus excavaciones incluso en las que se realizan de urgencia en las obras públicas, con lo que se equiparan a las programadas, en las que se requería una justificación más exhaustiva. Estas memorias se entregarán a los servicios de Patrimonio de los consells insulares, que en el nuevo reglamento serán los que decidan qué restos merece la pena conservar y, por tanto, ser enviados a los museos.

Los arqueólogos comparten en buena medida los cambios que significa el documento, según se concluyó ayer en una mesa redonda celebrada en el marco de las IV Jornades d´Arqueologia de Balears, que celebraron su última sesión en el salon de plenos del Consell. De hecho, según expresó el presidente de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Balears, Mateu Riera, durante la elaboración del reglamento se han aceptado «el 90%» de las propuestas del colectivo. Pero buena parte de las opiniones críticas que se escucharon en la mesa redonda consideran que los servicios de Patrimonio de los consells no están capacitados para valorar la importancia de los hallazgos sin asesoramiento externo. Por eso abogan por dejar la decisión en manos de agencias de evaluación que asesorarían a los gobiernos insulares.

También consideran que el nuevo marco «aumenta la burocratización» de su trabajo y se dejan muchos trámites «en manos de los promotores de una excavación», como señaló Riera. El responsable de Patrimonio del Consell de Ibiza, José María López Garí, respondió que, entre las novedades, en las intervenciones programadas se elimina la necesidad de un aval de alguna entidad de prestigio como la UIB, con lo que se simplifican los trámites para las islas menores, «que no tienen universidad», y los consells aprobarán o no un proyecto «sin tener en cuenta los contactos de quien lo presenta», comentó.

Garí señaló asimismo que el nuevo marco eliminará la necesidad de pedir permisos para cada paso de la excavación y la paralización constante en una obra, por ejemplo. Apuntó, asimismo, que actualmente «el 80% del trabajo de los arqueólogos» son las excavaciones de urgencia, que hasta ahora solo requerían de un somero informe incluso en yacimientos importantes. Con el cambio, el Consell estará informado de lo que se hará tras un hallazgo porque recibirá un proyecto preliminar de la intervención y la supervisará.

Otros estudiosos opinaron que este punto del decreto pretende evitar que los museos se colapsen por un alud de materiales procedentes de los yacimientos. Al respecto, el director del Museo Monográfico de Puig des Molins, Jordi Fernández, contestó que, ante un hallazgo dudoso, éste «se date y se envíe al museo». «No es por el espacio, ahora lo tenemos solucionado, el problema es que un 60% de lo que llega no está datado». Fernández alabó el hecho de que el reglamento obliga a remitir a los centros de conservación los objetos encontrados «en cajas».