IBIZA | PEP RIBAS
El 41 por ciento de las empresas de Balears han reducido su plantilla. El dato lo aportó ayer en Ibiza el secretario general de la UGT de Balears, Lorenzo Bravo, que compareció junto a la secretaria de CCOO, Katiana Vicens, para informar sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la convocatoria de huelga general, para el próximo 29 de septiembre. Los líderes sindicales celebraron varias reuniones con trabajadores y presidieron una asamblea por la tarde en es Puig d´en Valls.
Los dos sindicatos mantienen que el Gobierno español y los europeos «han defraudado» a los ciudadanos y que los ajustes económicos que se están adoptando con el fin de salir de la crisis son «socialmente injustos, laboralmente regresivos y económicamente equivocados».
Con respecto la reforma laboral, la califican como «la peor que ha aprobado nunca un Gobierno democrático» y aseguran que esta normativa hace el despido más fácil y barato, otorga más poder a los empresarios, admite recortes salariales y sociales y no crea empleo.
Lorenzo Bravo aludió a dos debates que existen actualmente, por una parte, los recientes estudios que aseguran que no hay ambiente de huelga general entre los trabajadores, y por otra, la acusación que se hace a los sindicatos de haber estado varios años sin movilizarse debido a las subvenciones que cobraban del Estado.
Bravo considera que se trata de ataques a los sindicatos propiciados por «grandes medios de comunicación de la derecha». Sobre la falta de apoyo de la calle a la huelga lo considera lógico, dado que asegura que la gente no está informada del verdadero alcance de la reforma laboral, ni siquiera los propios enlaces sindicales.
Guardar las facturas
Con respecto a las subvenciones que los sindicatos reciben del Estado, retó a que se comparen con las ayudas que se dan a la Iglesia y que se compare los fines que unos y otros dan a esos fondos. Añadió que las actividades sindicales subvencionadas están «fiscalizadas hasta el último céntimo» y que las facturas de los gastos derivados de los cursos que programan se tienen que guardar cinco años, y «en caso de que te pillen en un renuncio, hay que devolver el dinero».
Katiana Vicens subrayó que la huelga general del día 29 es aún evitable: «Depende del Gobierno», precisó. «Si el Gobierno quiere retomar el diálogo social, puede hacerlo, pero tendrá que rectificar sus posturas», afirmó. Por el momento, asegura que la convocatoria es «lícita, oportuna y conveniente».