Demanda a las ocho empresas de telefonía

PALMA | EFE El Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal de Protección del Consumidor, se convirtió ayer en la primera administración pública de España que demanda judicialmente a las ocho principales compañías de telefonía móvil que operan en el país por cláusulas abusivas en sus contratos.

El Instituto (IMPC) interpuso su demanda ayer ante el juzgado de lo mercantil de Palma con el apoyo de varias asociaciones de consumidores que trabajan en la comunidad, como ACUI y Ausbanc, a las que, en próximos días, se espera que pueda sumarse también otras como Facua.
Las empresas demandadas son Telefónica Móviles (Movistar); France Telecom (Orange); Vodafone; Yoigo; Simyo; RACC Móvil; MASmóvil y Carrefour Oline; todas ellas por incluir en sus contratos cláusulas que limitaban su responsabilidad y cargaban sobre el consumidor cuestiones que, por ley, han de asumir las empresas.

Así lo manifestaron ayer en rueda de prensa la responsable de Relaciones Institucionales, Turismo, Comercio y Consumo, Joana Maria Borrás; el gerente del IMPC, Xavier Pascuet, y los encargados de ACUI en Baleares, Carlos Hernández, y Ausbanc, Isabel Martorell.

Todos ellos coincidieron en mostrar su satisfacción por poder actuar en favor de los derechos de todos los consumidores y su confianza en que el juzgado dicte una sentencia a su favor, de lo cual se beneficiarían los usuarios de los 50 millones de contratos que en España tienen firmados con las ocho principales compañías.

La actuación del Instituto Municipal de Protección del Consumidor surgió a raíz de las numerosas quejas que recogía diariamente de los ciudadanos.