Ibiza teme perder su representación en la Autoridad Portuaria

El Ayuntamiento de Ibiza teme quedar excluido del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears, debido a la reforma de la Ley de Puertos del Estado, que acaba de entrar en vigor. El Consistorio ha expresado su malestar por esta situación, que le privaría de cualquier control sobre los temas relativos a un importante ámbito de su municipio. Por ello, ha iniciado conversaciones con el Govern para tratar de reconducir la situación, que podría consistir en que los representantes autonómicos cedieran uno de sus puestos a Ibiza.

IBIZA | JOAN LLUÍS FERRER La reforma de la Ley de Puertos del Estado que acaba de entrar en vigor está a punto de dejar al Ayuntamiento de Ibiza sin representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears, el organismo que gestiona y regula todo lo relativo a este recinto enclavado en el municipio. Este hecho ha provocado una honda preocupación en el Consistorio, que podría dejar de tener voz y voto en todo lo relacionado con el puerto, especialmente en un momento en que empiezan a desarrollarse las obras de ampliación.

La modificación de la ley 48/2003 de puertos de interés general del Estado fue aprobada recientemente en el Congreso mediante un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 7.

Si antes, los cinco municipios de Balears con puerto estatal estaban representados por su ayuntamiento, ahora sólo se prevén dos puestos para todos, que en principio recaerán sobre aquellos que cuentan con los puertos de mayores dimensiones, que son Palma y Maó.

Por ello, el equipo de gobierno de Vila expresó ayer su «temor» a que deje de formar parte del órgano directivo de la Autoridad Portuaria. La alcaldesa, Lurdes Costa, se encuentra de vacaciones, pero un portavoz del equipo de gobierno afirmó: «Nos tememos que lo que acabará sucediendo es que el Ayuntamiento de Ibiza saldrá de este órgano».

De hecho, y en previsión de que se cumpla esta posibilidad, el equipo de gobierno ha entablado conversaciones con el Govern balear y el Consell de Ibiza para tratar de evitar esta situación, que dejaría al Ayuntamiento de la ciudad totalmente al margen de la toma de decisiones sobre el puerto, pese a situarse en su municipio y condicionar en gran medida las actuaciones que desarrolla la Corporación.

Según supo ayer este periódico, la posible solución que barajan las instituciones consiste en que los representantes del Govern cedan sus puestos para que los ayuntamientos de Ibiza y Alcúdia mantengan su representación. Así lo desveló el alcalde de Maó, Vicent Tur, quien anunció que en la próxima reunión de la Autoridad Portuaria prevista para septiembre «todos los alcaldes harán frente común para que esto sea así».

Tarrés: «No me parece bien»
El equipo de gobierno de Vila se declaró «totalmente en contra» de la previsión restrictiva de la nueva ley. «No deberíamos perder este puesto en la Autoridad Portuaria, y menos en un momento en el que empiezan las obras de ampliación», señaló.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, manifestó su malestar por la situación y, aunque recalcó que la ley asegura la permanencia de los consells insulares en el Consejo de Administración, opinó que Vila debería estar también presente, como ha venido sucediendo hasta ahora. «El que parece que sí se verá afectado es el Ayuntamiento», admitió el Consell, a cuyo presidente no le parece «nada bien» esta exclusión.

Tarrés recordó el hecho de que precisamente Vila debe asumir muchos gastos, obras y servicios derivados de la presencia del puerto en su municipio, por lo que consideró especialmente injusto que el representante municipal deje de formar parte del consejo de administración. Sin embargo, el presidente del Consell afirmó que no es posible responsabilizar de esta situación al Govern ni tampoco al Gobierno central, «puesto que ha sido una ley pactada entre el PSOE y el PP».

El de Ibiza y el de la Savina, en Formentera, son los únicos puertos declarados de interés general por el Estado y que dependen del Gobierno central en las Pitiusas.