El Govern considera «inasumible» el rescate de las autovías

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ El Govern balear considera «inasumible» para «las finanzas» de la Comunitat Autònoma la resolución de los contratos con las empresas concesionarias de las autovías de la isla a pesar de que los auditores independientes contratados por el Ejecutivo autónomo dejan abierta esta posibilidad ante algunos de los incumplimientos más flagrantes, como el depósito de la tierra en los terrenos de Platja d´en Bossa para el campo de golf que proyecta el Grupo de Empresas Matutes y su negativa a trasladarla a las canteras en vías de regeneración previstas. «Supondría pagar de golpe el coste de las obras [unos 150 millones los dos proyectos]. Sería inasumible para nosotros y, en vez de un castigo, un regalo para ellos [las constructoras]», explicó ayer a este periódico el director general de Obras Públicas del Govern, Antoni Armengol.

La auditoría de la autovía de Sant Antoni también señala que la conselleria de Obras Públicas podría abrir un expediente de lesividad (para deshacer un acto administrativo perjudicial para los intereses públicos) por haber adjudicado el proyecto a la UTE FCC Construcciones y Enrique Ortiz e Hijos cuando en su propuesta sólo planteaban la construcción de tan sólo una estación de aforo para contar el número de vehículos que transitan por la vía (en función de esta cifra se determina la cuantía que paga el Govern al concesionario), cuando en el pliego de condiciones se preveían 13. Los auditores han alertado de que esta situación irregular produce un perjuicio importante a la Comunitat Autònoma, ya que genera un sobrecoste de entre el 6,5 y el 20 por ciento; es decir, de entre 450.000 y 1,4 millones de euros anuales.

Sin embargo, Armengol advierte de que si se abriera un expediente de lesividad, y éste prosperase, supondría que la adjudicación del proyecto sería declarada nula, lo cual, en la práctica, vendría a ser «el rescate de la concesión», que, insistió, es «inasumible» para el Govern balear, más aún en la situación de crisis económica actual. «Tendríamos que desembolsar 90 millones de euros y asumir el coste del mantenimiento de la carretera, aparte de afrontar la posible demanda de daños y perjuicios», recalcó.

Precisamente, Armengol explicó que la conselleria de Obras Públicas no puede obligar a la concesionaria a instalar las 12 estaciones de aforo que restan ya que, en su día, el proyecto con un único punto de control fue autorizado por el Govern. «El adjudicatario se encuentra en una posición de buena fe absoluta. No se escondió. Hizo una oferta ´limpia´, cuando se debería haber excluido, pero se admitió. Ni siquiera es sancionable, lo cual es una paradoja», advirtió este alto cargo del Govern.

De hecho, la auditoría indica que no se debería haber aceptado ninguna de las propuestas de las siete empresas que optaron a la licitación porque incumplían esta condición. La peor de todas, además, en cuanto al número de puntos de aforo, fue la adjudicataria. El único punto de control de vehículos se encuentra a medio kilómetro del enlace del segundo cinturón de ronda, en el tramo de mayor densidad de tráfico, y, en vez de contar con una media ponderada de todos los tramos, se considera que cualquier vehículo que pasa por el único punto de control utiliza toda la vía.

En todo caso, el director general de Obras Públicas advierte de que la conselleria «no consentirá» que se mantenga esta situación durante los 30 años que dure la concesión. Para ello, la conselleria empezará por requerir a la empresa que voluntariamente instale los 12 puntos de aforo restantes previstos, según explicó Armengol, quien reconoció que ahora mismo no tiene una solución alternativa. «No se aceptará esta situación, pero la solución pasa por un entendimiento con el concesionario», dijo. De hecho, el Govern balear ha entregado a los dos concesionarios una copia de la auditoría para que la conozcan con detalle antes de poder abordar todas las cuestiones que se deben subsanar técnica y económicamente.