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IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ El presidente del Consell, Xico Tarrés, y el alcalde de Sant Antoni, José Sala, discreparon ayer en público sobre el alcance de la llamada ´ley de sa Coma´ y las competencias municipales sobre el antiguo cuartel militar. Fue en el despacho del presidente durante la firma del convenio de gestión de las nuevas seis deixalleries (ver página 16) con la presencia de los alcaldes de Santa Eulària, Sant Josep y concejales de Vila y Sant Joan. Al ser preguntado por los medios de comunicación, Tarrés explicó que «las inquietudes» de los alcaldes afectados (Sant Antoni y Santa Eulària) sobre las competencias en sa Coma serán «resueltas».
La ley permite al Consell desarrollar los proyectos previstos en el antiguo cuartel sin la supervisión y el control de los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran las instalaciones (Sant Antoni y Santa Eulària). El PP presentó algunas enmiendas para corregir esta «agresión a las competencias municipales», en palabras de Sala, pero no logró el apoyo de ninguno de los grupos de la cámara. Tarrés explicó que la ley no se ha aprobado porque el Consell tenga prisa en ejecutar las inversiones previstas, sino que quiere evitar cualquier retraso ya que los pabellones «se van deteriorando».
Tarrés entiende que Sala haya recurrido al Tribunal Constitucional en defensa de sus atribuciones, pero puntualizó que la ´ley de sa Coma´ «no vulnera los intereses de Santa Eulària y Sant Antoni». «Cuando se tenga que construir o pedir una licencia, se hará. Se pagará lo que se tenga que pagar», dijo, al tiempo que justificó que con la ley aprobada se trata de evitar que «se puedan poner pegas para hacer daño» con intencionalidad política. Reiteró que su voluntad es que el desarrollo de sa Coma se haga en consenso con Sant Antoni. «Creo que es legítimo y no vamos a hacer sangre», añadió.
Al finalizar la intervención de Tarés, Sala señaló que habría querido que lo manifestado «se hubiera plasmado en la ley». «Dices que tu voluntad es que nos pongamos de acuerdo, pero eso no es lo que dice la ley», advirtió el alcalde, a lo que el presidente respondió que «la ley contempla los casos de desacuerdo», lo cual tampoco convenció a Sala, que puntualizó: «La ley no habla de casos de desacuerdo».
Para cerrar la controversia («queréis que tengamos una polémica ante vosotros [la prensa]», cortó el presidente), Tarrés insistió en que la ley deja en manos del Consell la posibilidad de «decidir» en el caso de que haya «un desacuerdo». «Los enfrentamientos y guerras entre instituciones empobrecen la democracia y tenemos demasiada experiencia en estas cosas», zanjó.
Además, Tarrés considera «legítimo» el resultado final de la ´ley de sa Coma´, en la que la mayoría PP-UM ha incorporado la reclasificación de ses Variades. «No me ponen nervioso estas cosas», dijo el presidente, quien a diferencia de sus compañeros de partido en Sant Antoni señaló que nunca criticaría los pactos que se forman en la cámara. «Poca mala sangré me haré», dijo en referencia a ses Variades, ya que, insistió, «una mayoría lo ha decidido».
El presidente reiteró que se debe solventar el problema de los núcleos rurales, pese a no apoyar en el Parlament la propuesta del PP para hacerlo, e insistió en que los técnicos de la institución sostienen que estas zonas se podrán regularizar con los nuevos planeamientos urbanísticos y el PTI. «Hay que legalizar aquello que sea una realidad», dijo, para agregar acto seguido: «No iremos con una pala a derribar nada. A no ser que podamos coger enseguida a aquel que lo haga mal e incumpla. Lo que son realidades desde hace cinco, 10 ó 15 años hay que solventarlo».
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