El Tribunal Superior se niega a apoyar el indulto que espera Bartomeu Vicens

PALMA | J. F. MESTRE Bartomeu Vicens, el primer ex diputado autonómico que ingresó en prisión por un delito de corrupción, seguirá preso mientras se tramita el indulto al Gobierno que ha solicitado su abogado.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), la misma que condenó a Vicens, ha dictado un informe en el que se muestra en contra de apoyar un indulto para el ex portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, que cumple una condena de tres años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos. Con todo, el informe no es vinculante, por lo que la última palabra sobre esta medida de gracia la tendrá el Gobierno central.

El TSJB considera que los delitos por los que el ex diputado está en estos momentos en prisión «son de índole que afectan gravemente al prestigio, credibilidad y funcionamiento de nuestro sistema jurídico-político y suscitan fuerte indignación social».

Además, los jueces recuerdan que Bartomeu Vicens se encuentra imputado en la actualidad en una pluralidad de causas judiciales por otros presuntos delitos cometidos durante el ejercicio político. Por todos estos motivos, el Tribunal, al igual que ya hizo la Fiscalía, considera que «no existen razones atendibles de ningún orden que justifiquen eximir» al ex diputado de que cumpla en prisión la totalidad de la pena que el Supremo fijó en tres años.

Los magistrados aprecian «los favorables antecedentes de conducta del señor Vicens y la cuantía relativa de lo malversado», pero aun así priman la gravedad de los delitos por su repercusión social.

A pesar de que los jueces no apoyan este indulto, el Tribunal Superior remitirá el expediente sobre la petición de indulto al Ministerio de Justicia, que a su vez elevará la propuesta al Consejo de Ministros. El expediente contiene, además del informe obligado del tribunal, la sentencia firme que dictó el Tribunal Supremo, la petición de indulto y el informe del fiscal.

Vicens fue condenado por haber pagado con fondos públicos 12.000 euros a su contable por un informe que no servía para nada, en recompensa porque le había facilitado facturas falsas.