Pizarro niega ante la juez conocer o tener intereses con los responsables de la concesionaria de la ´zona azul´

IBIZA | E. RODRÍGUEZ El primer teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, negó ayer ante la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, Carmen Robles, que conozca o tenga algún interés con los responsables de Park Control, la empresa concesionaria del aparcamiento de la zona azul, intervenida por el Ayuntamiento desde marzo mientras se resuelve el contrato por el incumplimiento de sus obligaciones en los pagos. Dijo que sólo se ha reunido con ellos en su despacho dos veces para comunicarles el inicio del expediente de resolución de la concesión.

Pizarro, que declaró en calidad de imputado por un supuesto delito de apropiación indebida, también dijo que sólo se ha reunido una vez en su vida con el anterior delegado de la empresa, el socialista Santiago Juan. «Es todo el conocimiento que tengo de este señor», puntualizó. Tampoco tiene constancia, según declaró, de que en la plantilla de Park Control hubiera familiares directos del equipo de gobierno.

El juzgado investiga, a raíz de la denuncia presentada por el empresario Josep Maria Molins, las supuestas irregularidades en cuanto a las obligaciones económicas de la concesionaria y, sobre todo, si se ajusta a la legalidad el hecho de que el Ayuntamiento compensara a Park Control el pago de 412.000 euros en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales. Al ser preguntado por esta cuestión, Pizarro explicó que este acuerdo se amparó en un informe del interventor, que también declaró ayer como imputado por un supuesto delito de apropiación indebida. El primer teniente de alcalde abundó en que, según este informe que se redactó a principios de 2007, cuando no era responsable del área económica de la Administración, en el pliego inicial de la concesión no venía recogido el pago del citado impuesto.

5.000 euros en impuestos

La juez cuestionó acto seguido al primer teniente de alcalde sobre si las obligaciones tributarias municipales, autonómicas y estatales previstas en el contrato de la concesión no contemplaban también el impuesto de transmisiones patrimoniales, a lo que Pizarro respondió que su función no es interpretar los contratos ya que para eso están los técnicos. En todo caso, el edil indicó que en el pliego de la concesión se incorporaba un estudio económico financiero y que en un epígrafe de éste aparecía la cantidad de 5.000 euros en concepto de impuestos. «En base a este estudio económico-financiero varias empresas presentaron sus propuestas. Por ello los técnicos de la casa y el interventor entendieron que de los 5.000 euros previstos hasta los 412.120 euros se había producido un desequilibrio económico», dijo.

También explicó que Rubén Rodríguez, «un experto en la materia» de Las Palmas (Canarias), ha elaborado un informe por encargo del Consistorio en el que «se corroboran» las medidas adoptadas por el interventor y el Ayuntamiento y que, además, cuenta con «el aval» del secretario municipal, «el máximo responsable de los asuntos jurídicos».

El tesorero municipal declaró ayer en calidad de testigo que, aparte de los incumplimientos en el pago del canon fijo, Park Control «no ha abonado nunca» el canon variable (parte del beneficio ofertado en su propuesta) porque no se ha acordado la liquidación de este concepto. «No ha operado un órgano competente para aprobar la liquidación», dijo. Sobre esta cuestión, Pizarro explicó que el canon variable se está compensando con los 412.120 euros del impuesto y que creía que, con esta cantidad, se han abonado las cantidades correspondientes a este concepto de los años 2006 y 2007, mientras que el resto está pendiente de las liquidaciones que establezca el Consell Consultiu, órgano al que se le ha pedido un informe sobre la resolución del contrato del concesionario.

También dijo que no le constaba que Park Control hiciera compensaciones (mezclara los ingresos y gastos) entre las dos concesiones distintas que gestiona para reducir el canon variable, tal como ha denunciado el PP. Precisamente, al ser preguntado al interventor de por qué en el cálculo de este canon variable se suman los importes de las tres concesiones (una de ellas acabó en 2008) y no se hace un cálculo independiente de cada concesión, éste dijo que entendía que debía hacerlo así, al tiempo que señaló que suponía que el resultado sería distinto si se calculara de una u otra forma.

La juez declaró «impertinentes» una serie de preguntas del abogado del empresario denunciante sobre el puesto que ocupa el interventor y otra referente a si el Ayuntamiento ha pagado o compensado otras veces impuestos a algún contribuyente. Incluso a la salida de los juzgados, Pizarro dijo que la juez incluso llegó a calificar de «vergonzosas» algunas de las preguntas.

El interventor declaró que informó a favor de compensar el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales al entender que, aunque una de las condiciones contractuales era que el concesionario asumía el pago de los impuestos estatales, autonómicos y locales, debía regir «el principio de equilibrio de prestaciones». Asimismo, explicó que la empresa presentó las liquidaciones de los años 2007, 2008 y 2009 en marzo de este año, fuera de plazo, pese a que se le requirió previamente a que lo hiciera, pero no por escrito.

490.000 euros pendientes

El interventor explicó que a día de hoy Park Control adeuda 490.000 euros por el canon fijo, 50.000 euros del año 2009 y 440.000 euros de los dos primeros trimestres de este año.