La dirección de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra Baleària Eurolíneas Marítimas S.A., Compañía Trasmediterránea S. A. e Isleña Marítima de Contenedores, S.A. (Iscomar) por «posibles conductas anticompetitivas» que ahora está investigando. La apertura de la investigación se basa en la sospecha de que estas compañías han podido acordar entre ellas «el reparto del mercado y la fijación de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio en el transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías» en las líneas marítimas que unen la Península con las Pitiusas, especialmente con Ibiza.
El conseller ibicenco de Movilidad, Albert Prats, explicó ayer que el expediente abierto por la CNC es consecuencia de la denuncia que, «de forma confidencial», aprobó el pasado 16 de abril el Consell Executiu de la institución. Detalló que en la citada denuncia se aportan datos determinantes sobre la aplicación del BAF (Bunker Adjustment Factor), un coeficiente que las navieras añaden en la contratación de fletes marítimos para introducir correcciones debido a la distorsión que generan las variaciones del precio del combustible.
Además, el Consell de Ibiza argumenta que supuestamente las citadas navieras han podido ponerse de acuerdo para repartirse líneas y cuota de mercado en los trayectos que unen Barcelona, Valencia y Dénia con el puerto de Vila tanto en el transporte de mercancías como de pasajeros.
Sobrecoste para los pitiusos
Prats añadió que la intención del Consell es la de «clarificar» esa situación y que para ello realizó un exhaustivo estudio con la ayuda de todos los agentes que intervienen en el tráfico marítimo ya que entiende que la situación ha producido un «sobrecoste» de los fletes que repercute de forma directa en el consumo de los ciudadanos. El conseller avanzó que convocará el próximo lunes una rueda de prensa para dar más detalles.
Las conductas supuestamente irregulares que analiza la CNC se basan en el incumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en la adopción de acuerdos cuyo objeto sería el reparto de mercado y la fijación de precios o de condiciones comerciales así como en la imposición de precios no equitativos en el mercado de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías con la Península.
La dirección de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia inició «una información reservada» con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador. En el marco de dicha investigación se inspeccionaron los días 11 y 12 de mayo las sedes de Compañía Trasmediterránea S.A. y de Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.
El resultado es que la CNC considera que existen indicios racionales de la comisión, por parte de la citadas navieras, de una infracción del artículo 1 de la LDC en los términos descritos y que, en consecuencia, se procede «a incoar expediente sancionador».
En la nota de prensa emitida por el citado organismo se especifica que la apertura del citado expediente sancionador «no prejuzga el resultado final de la investigación».
A partir de ahora, la mencionada comisión tiene un plazo máximo de 18 meses para proceder a la instrucción del expediente y para su finalización.
