La policía judicial está realizando registros simultáneos en Madrid y varias zonas de Mallorca. Según ha podido saber diariodemallorca.es , se está registrando la sede del Grupo Clave de publicidad en Palma, el Pula Golf de Son Servera y la Fundación Balear Sostenible en Valldemossa dentro de una nueva operación contra la corrupción ligada a la gestión del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la anterior legislatura del PP. Además, Agentes de la policía judicial registran también una empresa de Madrid.

Estos registros corresponden a la llamada "operación Pasarela", en la que de momento no hay detenciones.

La sede de Clave, uno de los mayores grupos de publicidad, márketing y comunicación de Baleares, está situada en la calle Industria de Palma, mientras que el Pula Golf, donde durante la pasada legislatura se celebró el torneo Mallorca Classic organizado por el Ibatur, se encuentra en el municipio de Son Servera.

La ´operación Pasarela´ es el resultado de la compleja investigación llevada a cabo en el último año y medio por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la delegación en Balears de la Agencia Tributaria, tal y como adelantó Diario de Mallorca.

Los investigadores han rastreado durante meses los contratos y las empresas beneficiarias del Ibatur durante la pasada legislatura, y han detectado múltiples irregularidades. Al parecer, en infinidad de contrataciones no se justificaron posteriormente los gastos, y en algunos casos se presentaron facturas falsas, lo que podría haber dado pie al cobro de comisiones y al presunto desvío de millones de euros de fondos públicos.

El juez del juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, abrió en marzo del año pasado una pieza secreta tras detectar indicios de malversación de caudales y otros delitos en el Ibatur. Desde entonces se ha procedido a rastrear infinidad de cuentas bancarias y facturas, en búsqueda del trasiego del dinero público.

Tan solo un mes antes, la Policía había detenido al ex secretario del Ibatur y ex jefe del departamento jurídico, Miquel Àngel Bonet, acusado de apropiarse de 85.000 euros de la empresa pública a través de facturas falsas, usando para ello incluso a una familiar nonagenaria. A partir de la confesión del imputado, que usó fondos públicos para su lucro personal, la Policía requisó todos los contratos ´a dedo´ de la época de Bonet, quien aseguró que existía una trama en el Ibatur para favorecer a la cúpula del PP.

Otra de las importantes pistas que han dado lugar a la inminente operación policial y judicial fueron las revelaciones del ex concejal del PP de Lloseta Felipe Ferré. Este arrepentido del caso Scala –otra malversación de dinero público, que se hizo famosa por la caja de Cola Cao de la principal imputada, Antònia Ordinas, que contenía dinero de comisiones– ha apuntado directamente a los gerifaltes de la conselleria de Turismo con el PP. Estos habrían consentido y participado en una trama de facturas falsas para cobrar sobornos.

Tanto Ferré como Bonet han declarado ante el juez que el ex conseller de Turismo del PP, Joan Flaquer, y otros cargos sabían y consentían la trama corrupta.

Por contra, Flaquer lleva meses negando haber ordenado a ningún subordinado que falsificara contratos o facturas, así como el cobro de sobornos o comisiones. El ex conseller está muy irritado con las acusaciones, que tacha de falsas, y ha anunciado que cuando termine todo el proceso, se querellará contra Ferré.