La deuda de GPS alcanza los 250 millones de euros

A falta de que que se realice una auditoría contable, las cifras que se manejan actualmente apuntan que la deuda de la empresa podría rebasar los 250 millones de euros. Esta cantidad, mayor que el presupuesto anual del Consell y de los cinco ayuntamientos ibicencos, no supone todavía una quiebra técnica, puesto que los activos de la empresa superan al menos en 50 millones la deuda estimada. UGT cifra en 310 millones de euros los activos del Grupo Playa Sol, aunque su administrador judicial asegura que esta cuantía es superior, pero rechaza precisarla.

IBIZA | RAQUEL SÁNCHEZ La deuda del Grupo Playa Sol suma entre 250 y 260 millones según las cifras proporcionadas por el abogado Manuel Pomar, del gabinete jurídico contratado por UGT, que atribuyó el dato al administrador judicial de la empresa, Javier Perelló, con quien se reunió el jueves. Pomar señaló ante un centenar de trabajadores de GPS que el activo de la empresa asciende a 310 millones de euros, por lo que la diferencia con el pasivo sería de 50 millones. De este modo, las partes inciden en que la empresa no ha entrado en quiebra técnica ni procede una liquidación ya que, por el momento, su activo sigue siendo mayor que el pasivo y se considera todavía un negocio viable.

De este modo, la cuantía de la deuda de la cadena hotelera superaría la suma de los presupuestos para este año del Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos de la isla.

Perelló no quiso ayer desmentir las cifras aportadas por Pomar, ya que considera que esta información es de carácter interno y que su difusión no es adecuada porque podría «crear más confusión». Sin embargo, puntualizó que la cifra del patrimonio activo es mayor, aunque no quiso desvelar a qué cantidad asciende.

«Todo esto no lo sabemos a ciencia cierta, porque no nos basta lo que diga Perelló. Necesitamos una auditoría, técnicos contables que nos lo digan», afirmó Pomar, quien ha propuesto al juzgado de instrucción número 4 la contratación de un auditor externo. El abogado considera que una auditoría facilitaría la viabilidad de la empresa: «En estos momentos los bancos no se fían cuando se les pide financiación, pero sí lo harían con una documentación clara». Fuentes jurídicas indicaron ayer que el juez que instruye la causa, Santiago Pinsach, y el fiscal decidirán la próxima semana quién será el co-administrador y auditor externo de GPS y darán a conocer su nombre.

El letrado afirma que esta «foto» de la situación financiera de la empresa es necesaria para decidir qué hacer, aunque apunta a un concurso como la salida más adecuada. «Significaría un sacrificio, pero creo que todas las partes están dispuestas a hacerlo. Si se va a concurso la Agencia Tributaria y la Seguridad Social perderán dinero en sanciones, también los proveedores, y los trabajadores tendrán que sacrificarse aunque el sindicato intentará que salgan lo mejor parados posible. Si hay un ERE habrá gente que se vaya fuera, pero se intentará conseguir indemnizaciones y la inclusión en un bolsín de trabajo», argumentó Pomar ante el escepticismo de muchas de las mujeres que trabajan para Ferré, que rondan los 50 años y que consideran que a esa edad «a pocos sitios» pueden ir a buscar trabajo.

La plantilla de GPS se muestra preocupada por la duración del proceso judicial que esclarecerá su futuro laboral. El asesor jurídico de UGT les ha explicado que continúa la fase de instrucción y recogida de datos, pero que tanto el sindicato como la Fiscalía han solicitado a la AgenciaTributaria que acelere en lo posible el proceso de revisión de la documentación intervenida. «Todo dependerá de si los archivos informáticos de la empresa se pueden recuperar», advirtió Pomar. Este abogado afirma que los inspectores de Trabajo tienen bastante adelantada su labor. «Si en seis o siete meses tienen cerrados los datos económicos y laborales puede ser que en un año haya concluido el proceso penal», adelantó.

«La empresa es una entelequia»

La plantilla también ha hecho públicas sus inquietudes acerca de a quién corresponde la propiedad del grupo empresarial ahora que el hotelero está en prisión preventiva. «GPS es una entelequia, en realidad son 314 sociedades y el amo es el señor Ferré», respondió Pomar para puntualizar a continuación que ni el Estado ni un juez pueden desposeer a nadie de sus propiedades «aunque sea un delincuente». «Lo que sí pueden hacer es poner controles sobre esas empresas, que es lo que han hecho ahora. Pero si Ferré logra hacer frente a los 250 millones de deuda con sus propios medios, seguirá siendo el propietario. Si no se pueden pagar las deudas, habrá embargos. Para que no se haga de forma irracional la ley permite llevar a cabo un concurso y dividir las cosas correctamente bajo amparo judicial», especificó el especialista.

Sobre el futuro destino de los hoteles que el empresario tiene arrendados, aseguró que la propiedad revertiría de nuevo en los antiguos dueños que recuperarían la gestión de los establecimientos con toda su plantilla de trabajadores en el momento en el que se rescinda el contrato de alquiler. No obstante, advirtió de que no todos los hoteleros estarán dispuestos a recibir de nuevo esos negocios ya que, aunque no se estableciera una carga hipotecaria para su compra, es posible que sobre ellos pese algún leasing o préstamo para la explotación, por lo que los antiguos propietarios podrían no aceptar su devolución.

Pese a esta situación, la plataforma sindical anima a los empleados a seguir trabajando «como si nada hubiera ocurrido» mientras cobren sus nóminas, porque «la viabilidad de la empresa pasa por ahí».

Por otra parte, el pleno del Consell de Ibiza aprobó ayer un nuevo expediente sancionador por presunta infracción turística contra un establecimiento de Ferré. En este caso, la multa de 36.600 euros corresponde al alojamiento denominado Es Caló, situado en Sant Antoni. El establecimiento tenía autorizadas 88 unidades de alojamiento y 180 plazas, pero en la actualidad dispone de 139 habitaciones y 278 plazas, lo que se penaliza con 12.000 euros.

Con la misma cantidad se sanciona el incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios y la conversión en restaurante de un establecimiento con licencia de cafetería.