Operación Trueno

Los sindicatos han presentado decenas de denuncias contra GPS

UGT y CCOO aseguran que llevan 16 años alertando de los delitos que Ferré cometía contra los derechos de los trabajadores - Critican la permisividad que mostraron el Consell y la inspección de Trabajo

 20:52  
Consuelo López, de CCOO, y Pepe Pedrido, de UGT, ayer en la sede de los sindicatos.
Consuelo López, de CCOO, y Pepe Pedrido, de UGT, ayer en la sede de los sindicatos.  VICENT MARÍ
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La historia de un fraude continuado. Es lo que relatan los responsables sindicales que más de cerca han seguido la implantación y el acelerado crecimiento del Grupo Playa Sol en Ibiza. Durante años han gestionado las denuncias de los pocos trabajadores explotados por Fernando Ferré que se atrevían a hablar. Aseguran que la flagrante falta de sanciones, la inoperancia de las inspecciones y las actuaciones en contra de los propios trabajadores contribuyeron a que la situación se prolongará durante 16 años. Ahora se muestran satisfechos con los nuevos inspectores, el administrador judicial, el Consell y el Govern.

IBIZA | RAQUEL SÁNCHEZ Junio de 1994. Fue la primera vez que a UGT acudió un trabajador contratado en condiciones ilegales por Fernando Ferré Cardó. «Era un inmigrante que trabajaba en el hotel Copacabana. El sindicato interpuso una denuncia, se llegó a un acuerdo económico con la empresa y el trabajador se marchó. Los empleados no estaban por la labor de denunciar y menos en aquel tiempo», recuerda Pepe Pedrido, secretario de organización de Hostelería de UGT.

Asegura que desde entonces y hasta este mismo año no han dejado de presentarse denuncias en todos los hoteles gestionados por GPS. Durante 16 años, en los que todo el mundo se pregunta cómo pudo el empresario seguir actuando impunemente, UGT asegura haber presentado más de 50 denuncias a la inspección de Trabajo y al Juzgado de lo Social. Denuncias a las que se han de sumar las presentadas por CCOO y las de los asalariados que actuaron de forma individual.

Consuelo López, secretaria de organización de CCOO, entró a formar parte de este sindicato en 2007. Durante ese año y el siguiente ha gestionado varias denuncias de empleados de la cadena Playa Sol. El centro de trabajo que más volumen de irregularidades concentró fue el hotel Nautilus, que ya no es de Ferré porque a finales del año pasado volvió a manos de su propietario original. «Mis compañeros recuerdan que a finales de los 90 ya había quejas de los vecinos de la calle Ramon Muntaner, que veían movimientos raros de trabajadores extranjeros», explica remontándose en el tiempo en busca de los primeros indicios de ilegalidades.

En CCOO guardan copia de al menos seis denuncias presentadas en los últimos dos años a la inspección de Trabajo, algunas con su correspondiente respuesta confirmando que se han llevado a cabo las diligencias necesarias. «Guardamos incluso la denuncia de un cliente del Nautilus que no consiguió azúcar durante toda su estancia en el establecimiento. Se lo prometían cada día, pero nunca se lo pusieron, y tuvo que comprar azúcar. Fue en 2008 y ya explicaba que tanto los cubiertos como los vasos en los que les servían eran de plástico», señala. «Desde el mismo momento en que el Nautilus cambió de dueño empezamos a pedir la documentación básica que todo comité de empresa debe tener. Ni flores» relata López.

La portavoz de CCOO destaca especialmente una denuncia presentada a la inspección de Sanidad en julio de 2007. En ella se hacía constar que en el comedor para trabajadores, con capacidad para 20 personas, se agrupaba a 40; que algunos comían en el pasillo y que la empresa había colocado los motores del sistema de aire acondicionado de manera que expulsaban el aire dentro de ese comedor y generaban un calor insoportable.

En el mismo escrito se advertía ya de que las habitaciones de los trabajadores no medían más de diez metros, pero aun así se alojaba a cuatro personas en cada una de ellas. Se denunciaba que las duchas, los wc y los azulejos de los servicios estaban rotos y se explicaba que la empresa colocaba camas en los pasillos y ponía allí a dormir a los trabajadores extranjeros. El texto presentado a Sanidad señalaba que en el hotel se cobraba a los empleados entre 250 y 300 euros por cama y se les hacía trabajar los días libres y los festivos para pagar esas cantidades.

No menos curiosa resulta la denuncia de que las limpiadoras manipulaban productos de limpieza sin saber español y sin ser capaces de leer las etiquetas de los mismos. CCOO alertaba también de que había inmigrantes con categoría de pinches, friegaplatos o ayudantes de limpieza realizando las funciones de cocineros y camareros de comedor y sin el necesario carné de manipulación de alimentos.
«La inspección constató esas irregularidades y nos notificó que se había procedido reglamentariamente. Lo mismo ocurrió cuando denunciamos los contratos que se hacían a los checos. Al final nos enteramos de que había acabado con varios millones de multa. También en 2007 denunciamos que había trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social y se comprobó que era cierto», resume López.

La portavoz de CCOO recuerda especialmente el caso de los contratos que se firmaban redactados en checo, bajo la normativa de la República Checa, para trabajos que se iban a realizar en Ibiza: «Le cazamos uno de aquellos contratos. Un trabajador checo que sabía español nos hizo una pequeña traducción y dijimos ´¡Dios, ¿qué está pasando?!´ Lo mandamos a traducir al ministerio de Interior. Se firmaban en la República Checa, donde Ferré tenía montada la ETT, pero hacía convocatorias para polacos o rumanos. Ellos firmaban sus contratos en checo y pensaban que iban a trabajar en la República Checa. Luego los metían en un avión y los traían a Ibiza».

En estos contratos, que en muchos casos no comprendían, los trabajadores daban su conformidad para que en caso de necesidad pudieran efectuarse los servicios en territorio nacional o en el extranjero.

López explica por qué no ha habido todavía más denuncias: «Los trabajadores no se atreven a denunciar muchas veces porque saben que están ilegales y que en cuanto denuncien se quedan sin trabajo. Tienen familias y tienen que comer. Uno que trabaja aquí le da de comer a cuatro en su país».

CCOO ha presentado también al menos cuatro demandas judiciales desde 2007. Una de ellas corresponde al caso de una delegada de personal y miembro del comité de empresa de un hotel. «Estaba aburrida de que Ferré no le pagara, estaba obcecado con ella porque era una sindicalista muy activa. Ella y otro compañero encabezaban muchas denuncias y a ninguno de los dos les ingresaba las nóminas. En 2009 puso una demanda para rescindir el contrato. No se podía ir porque se quedaba sin paro, tenía que seguir trabajando sin cobrar. Al final ganó la demanda, pudo rescindir su contrato y se marchó de la isla», narra la portavoz sindical.

Culpables
Otra de las demandas, más reciente, era una reclamación de categoría. Un chico desempeñaba funciones de camarero con contrato de ayudante.También ganó.

A Consuelo López le parece especialmente «llamativa» la demanda de una trabajadora de la central de GPS: «Se quedó embarazada y se la despidió. En el proceso judicial se reconoce la nulidad del despido y ella decide volver a la empresa. Era una chica de Europa del Este y, en aquella sentencia, se demuestra el entramado de la ETT y las contrataciones irregulares en la República Checa que habíamos denunciado desde el sindicato con anterioridad». La cuarta demanda es la de un trabajador del hotel Algarb cuyo caso hizo que las investigaciones se extendieran a la compraventa del establecimiento.

Los sindicalistas no tienen remilgos a la hora de señalar culpables y explicar por qué se ha llegado a la actual situación. «Para UGT el mayor culpable por lo que se sabe hasta ahora, aunque no haya sentencias, es Fernando Ferré. Pero él no ha engordado solo. En el sindicato nos hemos preguntado muchas veces dónde estaban las autoridades desde que se denunciaron las primeras infracciones hasta hace unas semanas», indica Pedrido. Destaca que en 1995 los sindicalistas explicaron el caso de GPS al entonces ministro de Turismo, Javier Gómez Navarro, durante una visita a Ibiza. «Desde Pilar Costa hasta hoy, pasando por Pere Palau, nos hemos reunido con todos los presidentes del Consell y con la Federación Hotelera. A pesar de la lluvia de denuncias, de los precintos que no se respetaban como ocurrió en el Lux Mar, no actuaban. Llegué a plantear que en lugar de denunciar a Ferré denunciáramos a las personas que tendrían que poner freno a la situación y miraban a otro lado», critica.

Tampoco la inspección de Trabajo queda libre de reproches. «Han sido lo peor que hemos tenido, al menos, al principio. En los últimos tiempos sí está dando la talla, pero antes no. Los inspectores y subinspectores que en su momento llevaron los casos, en la inmensa mayoría de las ocasiones resolvían que no se había podido constatar lo que se denunciaba», lamenta Pedrido. Como ejemplo relata lo ocurrido en 2006 en el hotel San Remo. Asegura que el día que se produjo la inspección en ese centro, el sindicato estaba en contacto telefónico con algunos trabajadores que se encontraban en el interior e informaron de que había unos 150 ilegales dentro en aquel momento. UGT había denunciado la situación a la inspección y había visitado el hotel junto a los inspectores para decidir cómo se debía intervenir. «Se acordó que debían llamar a la Policía para que acordonase el hotel antes de que ellos llegaran, de manera que los trabajadores no pudieran huir. Pero no se hizo así, la inspección llegó antes y los trabajadores saltaron por las vallas y las ventanas. En 20 minutos quedaban sólo 20 o 30 dentro del edificio. Más de 100 se habían escabullido. Hubo una falta de coordinación inmensa», reprocha.

«Carroñeros»
«Nosotros ya sospechábamos de todo. El sindicato ha estado en su sitio. ¿Que pudimos haber hecho más cosas? No lo sé. Nuestra función es denunciar, no sancionar», confiesa. En UGT no solo se preguntan dónde estaban las autoridades entonces, también quieren saber qué hacían en aquel momento esos empresarios que ahora tanto exigen. «Creemos que estaban colocándose en buena posición para ser pareja de baile de Ferré y poder venderle sus establecimientos. Ahora, cuando Ferré está más muerto que vivo a nivel laboral, en la Federación Hotelera se están comportando como carroñeros».

López señala que los hoteleros no presentaron ni una sola denuncia: «Ahora se están dedicando a denunciar la oferta ´ilegal´ de las páginas web. ¿Por qué no lo hicieron en su momento?». Los sindicalistas echan en cara a la Federación Hotelera y al Consell que no unificaran esfuerzos con UGT y CCOO: «Los empresarios deberían haber denunciado la competencia desleal y las autoridades, haber sancionado lo denunciado. Cosa que no han hecho, hasta ahora».

Las plataformas admiten tener una espina clavada; ha hecho falta que interviniera la Agencia Tributaria para que se pusiera fin a una situación vergonzosa. «Es una pena que el dinero que se defrauda a Hacienda o a la Seguridad Social tenga más peso que los atropellos que se cometen contra los trabajadores. Inicialmente se acusaba a Ferré de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social y de blanqueo. No citaron el delito contra los derechos de los trabajadores. Parece que lo han incluido al final como un favor».

La portavoz de CCOO cree que el buen trabajo realizado por el último equipo de la inspección de Trabajo, que lleva apenas un par de años en la isla, ha contribuido a precipitar la detención de Ferré por el elevado número de denuncias que ha investigado. Sin embargo, los propios inspectores aseguraban hace unas semanas que el volumen de denuncias en los últimos años había sido reducido. Pedrido lo explica así: «UGT tuvo una reunión con el director provincial de la inspección de Trabajo, Pablo Páramo, y nos pidió que fuéramos espaciando las denuncias porque se saturaba el servicio. La inspección debería saber que si se han puesto pocas denuncias ha sido por falta de confianza».

Lo explica con el ejemplo de lo ocurrido en el hotel Jabeque. UGT denunció que había 14 personas trabajando allí sin estar dados de alta en la Seguridad Social. «Se les cogió a todos, pero el resultado fue decepcionante. En lugar de multar a Ferré por hacerles trabajar en esas condiciones bajo amenaza de despido, sancionaron a todos los trabajadores que estaban cobrando el desempleo con un año de suspensión. ¿Cómo se nos podía pedir que pusiéramos denuncias en la inspección de Trabajo? ¡Si poníamos una denuncia en julio e inspeccionaban en noviembre!».

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