El abogado de Vicent Guasch cree que la sentencia de ses Torres no le atribuye ningún delito

IBIZA | REDACCIÓN Rafael Perera, abogado defensor del ex alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, y el ex primer teniente de alcalde, Vicente Riera, afirmó ayer en un comunicado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma sobre la urbanización de ses Torres «en modo alguno achaca a los acusados la comisión de un delito de prevaricación, sino que, muy al contrario, confirma la absolución total de los acusados que había sido dictada anteriormente por el juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza».
La sentencia de la Audiencia Provincial, contrariamente a lo que afirma Rafael Perera en su comunicado, afirma textualmente: «Se prevaricó al aprobar el proyecto de urbanización, sin plan parcial y al amparo del Plan de Delimitación de Suelos Urbanos». En otro momento, la sentencia señala: «Que existía dolo prevaricador (...) es algo que no ofrece duda». Finalmente, en otro pasaje, se asegura que «lo delictivo fue violentar el procedimiento administrativo».
De hecho, la sentencia afirma que si no condena a los acusados es porque la Fiscalía no argumentó el tipo delictivo adecuado, motivo por el cual la Audiencia se ve obliga a confirmar la absolución acordada en la resolución emitida en el juzgado ibicenco.
En el mismo comunicado, Rafael Perera –abogado de Jaume Matas y otros destacados imputados del PP– señala que «en un Estado de Derecho hay que respetar a ultranza las reglas del juego, máxime cuando la Justicia es protagonista de las mismas. Éstas exigen el respeto y acatamiento de los fallos de las sentencias, cualquiera que fueran las motivaciones o consideraciones que las mismas contengan, y sobre todo, cuando –como acontece en este caso– tales consideraciones son sumamente discutibles».
A raíz del contenido de la resolución emitida por la Audiencia Provincial, Esquerra Unida de Ibiza y Formentera –que ejerció la acusación popular– ha solicitado al PP que se disculpe por las críticas que formuló contra su conseller insular Miquel Ramon cuando la jueza Clara Ramírez de Arellano le pidió el pago de costas por apreciar que había presentado una denuncia infundada. La Audiencia revoca el pago de costas al considerar que Esquerra Unida sólo intentó hacer respetar la legalidad vigente.