La Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero efectuada en Marbella a principios de 2005 puso en aviso a la Agencia Tributaria sobre la supuesta actividad ilegal del propietario del Grupo Playa Sol (GPS), Fernando Ferré Cardó, que se encuentra en prisión sin fianza desde el jueves. Tras las noticias divulgadas sobre el posible desvío de dinero de la trama destapada en Marbella a Ibiza para la compra de algún establecimiento hotelero, la Agencia Tributaria empezó a seguir los pasos de la actividad de las empresas de GPS. A ello se sumaron las sospechas de la Agencia Tributaria de les Illes Balears (la antigua dirección general de Tributos del Govern) sobre la cantidad de operaciones de compra-venta de hoteles en la isla. A este organismo le compete la tramitación del impuesto de transmisiones patrimoniales de las transacciones inmobiliarias.

Por el momento, la Operación Trueno, en la que se han registrado las oficinas de GPS y la sucursal de es Crèdit Balear en ses Figueretes, no ha hallado ninguna conexión del blanqueo de dinero procedente de Marbella con la compra de hoteles de GPS, aunque esta vía de investigación se mantiene abierta. Los investigadores han comprobado que Ferré Cardó vivía supuestamente en «la absoluta ilegalidad» y montó un entramado de sociedades (hasta 300) muy complejo para dar apariencia de legalidad al grupo, según ha podido saber este periódico.

De hecho, en contra de lo que se piensa, muchas de las sociedades de Ferré rendían cuentas a Hacienda, aunque no tributaban; es decir, no acababa pagando porque aunque se declaraban cantidades importantes de ingresos, a su vez presentaban muchos gastos, supuestamente inventados. De esta manera, según las fuentes consultadas, Ferré pretendía dar la sensación de que estaba cumpliendo sus obligaciones con el fisco. Además, las sociedades que presentaban declaraciones no tenían nada que ver con las titulares y explotadoras de los establecimientos hoteleros del grupo.

Al parecer, el método que aplicaba Ferré era el siguiente: a partir de las empresas titulares de los bienes se sucedía un abanico de sociedades que se imputaban la explotación de los establecimientos con facturas cruzadas. GPS tiene contratos privados dentro del mismo grupo, incluso de arrendamientos del negocio entre sus sociedades. Muchas de éstas tenían su domicilio fiscal en Barcelona o Madrid para tratar de eludir el control de Hacienda. El ámbito de actuación de la delegación de la Agencia Tributaria de cada comunidad autónoma se circunscribe a su territorio. Para controlar la investigación desde Balears, Hacienda forzaba a Ferré, que era el administrador de las sociedades, a cambiar el domicilio de todas ellas a Ibiza, donde se desarrolla la actividad económica del grupo, pero el empresario respondía creando nuevas sociedades y traspasando a éstas la gestión de sus explotaciones, en una especie de juego del gato y el ratón. Estas nuevas sociedades eran insolventes, ya que se creaban con un capital mínimo, según las fuentes.

Dada la complejidad del entramado, la Agencia Tributaria optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid poco antes de que se activara la Operación Trueno, que se tuvo que adelantar unos días tras constatar que Ferré estaba destruyendo pruebas. Dada la magnitud del entramado y del presunto fraude fiscal, el objetivo era ´atacar´ conjuntamente las 300 sociedades bajo una orden judicial con registros en la sede de las empresas. Pese a la complejidad de la red y la dificultad de la investigación, las fuentes consultadas señalan que, una vez desentrañada la tela de araña, las evidencias del presunto fraude resultan irrefutables.