El juez decreta prisión sin fianza para Ferré y nombra un administrador para GPS

Fernando Ferré se encuentra desde ayer al mediodía en situación de prisión provisional sin fianza –que de momento cumple en la Policlínica del Rosario, donde sigue ingresado–, dada la gravedad de los presuntos delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción. Además, el juez instructor le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 80 millones de euros, una elevada cuantía que presagia el volumen de lo que debería pagar en caso de ser declarado culpable. Mientras tanto, el hasta ahora director comercial de GPS, Javier Perelló, fue nombrado administrador judicial del grupo.

IBIZA | J. LL. F. / C. N. / A. F. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach, dictó ayer auto de prisión provisonal sin fianza para el hotelero Fernando Ferré, atendiendo así la solicitud que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción, que coordina la Operación Trueno, destinada a esclarecer un gran número de presuntos delitos cometidos por este empresario. Ferré hará efectivo su ingreso en prisión tan pronto como reciba el alta médica en la Policlínica del Rosario, donde ayer continuaba ingresado.

Al propio tiempo, el auto de prisión incluye también el cese de Fernando Ferré en todos sus poderes en el Grupo Playa Sol, donde ostentaba el cargo de administrador único. El juez Santiago Pinsach ha nombrado un administrador judicial que se hará cargo de la gestión del grupo y será el encargado de hacer frente a la complicada situación laboral y financiera en que queda el entramado hotelero de Fernando Ferré. Dicho administrador, según supo este periódico, es Javier Perelló, que ocupaba el cargo de director comercial en el propio GPS. Esta persona será también el interlocutor de los trabajadores y los sindicatos a partir de ahora. Perelló se ocupaba de la contratación con los turoperadores y fue definido ayer por miembros de la empresa como una persona de gran solvencia profesional y seriedad personal, que llegó a GPS en 2003.
Otra de las decisiones adoptadas por el magistrado consistió en dictar un embargo de bienes de GPS por valor de 80 millones de euros para cubrir eventuales responsabilidades personales y económicas que se depuren durante el proceso. Tan elevada cifra da una idea del volumen de dinero que supondrían los delitos de los que se acusa al empresario y presagia lo que podría tener que llegar a pagar en caso de ser declarado culpable en el juicio.

La jornada en la que se decretó el ingreso en prisión de Ferré comenzó a primera hora de la mañana, cuando una comitiva judicial, integrada por el propio juez, los dos fiscales anticorrupción, la secretaria judicial y el letrado del detenido, se dirigieron a la Policlínica del Rosario para tomar declaración a Ferré, dado que éste siguió alegando una afección cardíaca que le impedía desplazarse al juzgado. La declaración en el centro sanitario duró apenas una hora, finalizada la cual los fiscales y el juez, así como el letrado de Ferré, regresaron a los juzgados. Allí los fiscales anticorrupción solicitaron la prisión sin fianza –posiblemente, para evitar el riesgo de fuga, uno de los supuestos que suelen avalar esta medida– para el detenido, a lo que accedió el juez.

El auto detalla que a Ferré se le imputan varios delitos de fraude fiscal –uno por cada uno de los ejercicios fiscales en que habría cometido el fraude– por un importe total de 14 millones de euros. El número de ejercicios podría oscilar entre siete y ocho, según fuentes de la investigación. También se le imputa un delito de fraude a la Seguridad Social y otro contra los derechos de los trabajadores, por haber sometido a empleados a condiciones laborales ilegales. Estos tres tipos delictivos son los que figuran en el auto de ingreso en prisión de Ferré, pero fuentes relacionadas con el caso aseguran que a medida que avance la investigación podrían añadirse también los de falsedad documental y blanqueo de dinero.

Fuentes de la Policlínica del Rosario indicaron que Fernando Ferré continuaba ayer por la tarde en su habitación, custodiado permanentemente por dos agentes de la Policía Nacional. Los médicos deben aún realizarle algunas pruebas y la dirección del centro desconoce cuándo se le dará el alta. «No se lo he preguntado a los médicos, pues no lo hago nunca con ningún paciente», afirmó el responsable de la clínica, Francisco Vilás.