El juez mantiene la fianza penal de 350.000 euros contra Munar

OTR | PRESS El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, instructor del caso 'Maquillaje' desestimó los dos recursos de reforma que interpuso la ex presidenta del Parlamento, María Antonia Munar, contra la fianza penal de 350.000 euros que le impuso ante un posible riesgo de fuga d la dirigente de Unión Mallorquina, así como contra la caución civil de 2,6 millones que decretó por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso.

Así lo señalaron fuentes jurídicas a los medios, que explicaron que este modo el magistrado mantuvo ambas fianzas contra la también ex presidenta del Consejo al considerar, en uno de los dos autos citados, que continúa existiendo la posibilidad de que la encausada se sustraiga de la acción de la justicia ante los delitos que se le imputan, mientras que en el otro estimó proporcional y adecuada la fianza civil por la que Munar tuvo que designar sus bienes.

De hecho, sobre la ex dirigente de UM pesan los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral. Además de las finanzas --tanto la penal (350.000 euros) como la civil (2,6 millones de euros)--, el juez decretó la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de que comparezca quincenalmente en dependencias judiciales.

Ambas fianzas fueron interpuestas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras la declaración que efectuó el pasado 18 de marzo como imputada en el caso 'Maquillaje', que investiga el presunto desvío de fondos públicos a productoras audiovisuales vinculadas a UM y en la que negó las acusaciones que pesan sobre ella en el marco del procedimiento.

NIEGA HABER ADQUIRIDO EL 25 POR CIENTO DE VIDEO U

En este sentido, rechazó de plano haber adquirido el 25 por ciento de acciones de Video U, una de las productoras investigadas y a la que presuntamente el Consejo desvío más cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras fue máxima responsable de la institución paralelamente a su participación en la empresa, según las investigaciones. Así, aseguró que no tener "ninguna participación directa, indirecta ni circunstancial con Video U", a la que el Consejo adjudicó la puesta en marcha y explotación de Televisión de Mallorca.

De hecho, la imputada atribuyó las acusaciones a la voluntad del ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, de "congratularse con la Fiscalía" o para hacerle "daño político", después de que Nadal confesase ante el juez que Munar le entregó en su coche oficial 300.000 euros para comparar entre los dos, a través de supuestos testaferros, el 50 por ciento de la productora, hechos que posteriormente ratificó el presunto testaferro de Nadal, Miquel Sard y tres ex directivos de la productora.