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IBIZA | C. NAVARRO / E. RODRÍGUEZ Un funcionario del Consell de Ibiza ha confesado finalmente ser el autor de la denuncia falsa remitida hace unos días a este periódico sobre el sobresueldo que percibía un alto cargo de la institución. La institución ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía, por lo que hasta que se resuelva esta denuncia no abrirá un expediente disciplinario interno, según explicó ayer un portavoz del Consell, que rehusó desvelar más detalles sobre el desenlace del caso.
El autor de la denuncia falsa (falseó el nombre y la firma del denunciante y manipuló el sello del registro de entrada de la instancia) inicialmente negó los hechos, aunque ante las evidencias, como el resultado de una prueba grafológica (la instancia se presentó escrita a mano), que dio resultado positivo, se vio forzado a confesar. Al parecer, según ha podido saber este periódico, el funcionario ha alegado estar padeciendo una depresión y problemas familiares y que actuó sin la colaboración de ningún otro trabajador de la institución.
La funcionaria cuya identidad fue suplantada (la instancia remitida a este diario se acompañaba incluso con una fotocopia del DNI de la falsa denunciante) contempla de momento dejar el asunto en manos de la Fiscalía sin emprender ninguna otra acción. El Ministerio Público ha incoado diligencias a raíz de la denuncia presentada por el Consell. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsificación de documento público.
El grupo del PP remitió ayer un escrito al presidente del Consell, Xico Tarrés, en el que pedía la constitución de una comisión de investigación para aclarar públicamente los hechos y para, en consonancia con «la total transparencia» que deben tener todos los actos de la administración pública, «esclarecer los criterios de concesión y de asignación de cantidades de las gratificaciones otorgadas por la institución».
Tras producirse la confesión del autor de la denuncia falsa, el equipo de gobierno ha descartado la constitución de dicha comisión. Se le comunicó ayer mismo al grupo de la oposición el resultado de la investigación interna y la negativa, por tanto, a admitir su solicitud. La consellera de Política Social, Patricia Abascal, ha negado que la institución abone gratificaciones de 20.000 euros a los altos cargos, como ponía de manifiesto la falsa denuncia. El equipo de gobierno entiende que los hechos producidos son «muy graves», por lo que de inmediato ordenó una investigación.
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