La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, Carmen Robles, dictó el pasado 20 de abril el auto de apertura de juicio oral, que celebrará la Audiencia Provincial, contra el dueño del bar Soto (M. A. A. M.), al que la Fiscalía pide una pena de seis años de prisión como presunto autor de un delito contra el medio ambiente y otro de lesiones psíquicas al sobrepasar este establecimiento, de forma notable y reiterada, los límites máximos de ruido permitidos por la ley. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también solicita la clausura definitiva del local, el pago de una multa de más de 12.000 euros y de sendas indemnizaciones de 12.000 y 8.000 euros a los dos cónyuges vecinos del local que denunciaron los hechos por los problemas que les ha causado a ellos y a su hijo de corta edad el exceso de ruido.

Previamente, el pasado 8 de abril, la juez emitió otro auto en el cual desestimaba la petición formulada por la Fiscalía para que se procediera a la clausura temporal del local de ocio. La juez argumenta que resulta «palmario» que «no procede» la clausura temporal del bar, que desde julio de 2009 tiene licencia para café concierto, ya que «los perjuicios que dicha medida produciría, serían de imposible reparación». En este sentido, el auto señala que el actual propietario lleva seis años efectuando reformas en el local para adaptarlo a «la normativa vigente y obtener la licencia de apertura».

La juez indica que desde septiembre del año pasado el equipo de música del establecimiento ha sido precintado hasta tres veces por la Policía Local de Ibiza porque «el nivel de decibelios era muy alto». De todos modos, añade que sólo hay una vecina que se haya quejado por esta situación y que las medidas sonométricas efectuadas por la Policía Local los días 7, 13, 17, 19, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2009, a instancias de la denunciante, «no pueden tenerse en cuenta ya que, en concreto, los días 6 y 7 de agosto se celebran las Festes de la Terra en el parque Reina Sofía, que se encuentra a unos 50 metros del local, donde se celebran conciertos, aparte de que en estos días esta zona soporta un importante tráfico de vehículos y hay turistas en la calle hasta altas horas». Además, la juez sostiene que «el establecimiento cuenta con todos los permisos legales y se ajusta a la normativa de contaminación acústica».

La Fiscalía ha recurrido esta decisión ante la Audiencia Provincial. Alega que la juez afirma «sin rubor» que el local «cumple con toda la normativa», cuando «lo cierto es que la instrucción indica precisamente lo contrario». «Esto se pone de manifiesto por medio de las mediciones sonométricas realizadas por la Policía Local y los documentos que acreditan la incoación de expedientes de infracción por el volumen de la música y la adopción, por dos veces, del precinto de los equipos». Asimismo, el Consistorio, según explica el fiscal, obligó al dueño del local a instalar un limitador de sonido, medida que, tal como reza el atestado de la Policía, fue vulnerado por el acusado al menos una vez.

El Ministerio Público también señala que la juez «invalida por su cuenta y riesgo» determinadas mediciones de agosto del año pasado con argumentos «tan escasamente consistentes» como que los días 6 y 7 se celebraban las Festes de la Terra. «¿Y el resto del mes de agosto y el resto de días y mediciones efectuadas en septiembre y octubre?», cuestiona. El fiscal pide de nuevo la clausura temporal porque considera que el dueño del bar, al que atribuye «una persistente conducta delictiva, no cesará por su propia voluntad, con la consiguiente vulneración de los derechos de las presuntas víctimas a la salud y bienestar físico y mental y a la intimidad e inviolabilidad del domicilio».