La Audiencia Provincial ha condenado a penas de entre un año y nueve meses de cárcel y dos años y un mes prisión a los dos ex militares y al guardia civil suspendido de sus funciones que fueron procesados por extorsionar, amenazar e intimidar entre los años 2000 y 2001 a varias personas, entre ellas, el ex ministro de bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Ngema Obiang.
El tribunal, que ha tardado prácticamente dos años en dictar una sentencia y que ha impuesto condenas diez años inferiores a las pedidas por la Fiscalía, ha tenido en cuenta como «muy cualificada» la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ha modificado el modo en que se habían calificado algunos delitos y ha eliminado alguna de las acusaciones.
Así, condenan al que era miembro de la Guardia Civil Francisco Javier Gómez Campillo a dos años y un mes de cárcel y a pagar una multa de 3.060 euros por un delito de amenazas, otro de extorsión, uno de descubrimiento y revelación de secretos y uno de realización de actividades profesional por parte de un funcionario público al servicio de particulares en asuntos relativos a su propia oficina.
Mientras, a Miguel Segovia Boronat y a Pablo Codesido Gutiérrez les imponen un año y nueve meses de prisión y sendas multas de 2.160 euros por los delitos de amenazas, extorsión y descubrimiento de revelación de secretos.
Para ellos, la Fiscalía había solicitado 12 años y tres meses, 11 años y cinco meses y 11 años y dos meses de cárcel, respectivamente, mientras que sus abogados pidieron que fueran absueltos.
En la sentencia, la sala considera probado que los acusados decidieron en agosto de 2000 crear una empresa llamada Agencia de Tecnologías, Investigación y Sistema de Seguridad (ATISS) dedicada a investigar delitos, instalar sistemas de seguridad y dar servicio de escolta.
De ellos, Gómez Campillo participó activamente en las actividades y cobró beneficios, pese a que «conocía» que por ser miembro de la Guardia Civil no podía desarrollar trabajos privados relacionados con su profesión. Por su parte, en sus intervenciones Codesido Gutiérrez usó otra identidad que le habían facilitado por ser testigo protegido en una causa penal.
Los hechos probados
Concretamente, en los primeros meses de agosto de ese año los acusados acudieron a la vivienda en la que Obiang se alojaba en Ibiza para ofrecerse a llevar su seguridad, recoge la sentencia. Al ser rechazados, Codesido Gutiérrez se entrevistó con un hombre relacionado con el séquito del ministro, le reclamó 27.000 euros por gastos y le dijo que si no pagaban enviarían a los medios de comunicación grabaciones y fotos comprometedoras de Obiang. Pese a todo, no lograron el dinero.
A finales de ese año, un perito de Winterthur contrató a los tres acusados para investigar la veracidad de siniestros declarados por unos clientes y les pagó 1.942,33 euros.
Durante el trabajo, Gómez Campillo y Codesido Gutiérrez concertaron una cita con uno de los clientes, que había denunciado un robo, y le instaron a renunciar a cualquier indemnización, diciéndole que la autora era su ex mujer. Les aseguró que no renunciaría y Codesido Gutiérrez le explicó que si no accedía «se acordaría de él toda la vida». Ante la situación, rechazó continuar con la reclamación.
En enero de 2001, Gómez Campillo y Segovia Boronat acudieron al domicilio del otro cliente de Winter-thur, que también denunció un robo, se presentaron como policías, le dijeron que la denuncia era falsa y le instaron a firmar un documento de renuncia, a lo que se negó.
Asimismo, aprovechando la amistad de José María Vázquez Montalbán, otro guardia civil que fue procesado y absuelto durante el juicio, los acusados obtuvieron datos del registro informático del instituto armado. Vázquez Montalbán proporcionó a Gómez Campillo información sobre varias personas, sin saber que le habían suspendido de sus funciones.
Con los datos -direcciones, licencias de armas y de conducción y antecedentes- Gómez Campillo y Segovia Boronat contactaron con estas personas. Haciéndose pasar por guardias civiles recabaron datos sobre un presunto fraude; también pidieron 120.000 euros a un hombre para eliminar órdenes de búsqueda y detención que había en su contra, e interrogaron a varias personas.
Por último, en agosto de 2000 se entrevistaron con la responsable de un establecimiento comercial y ofrecieron sus servicios como empresa de seguridad.
Justificación de los delitos
El tribunal justifica sus consideraciones de hechos probados basándose en los testimonios de testigos y perjudicados, que confirmaron las amenazas en relación a Obiang; que intentaron obligarles a renunciar a indemnizaciones por robo; que les interrogaron identificándose como agentes de la Guardia Civil, y que obtuvieron datos del instituto armado aprovechándose de la calidad de Gómez Campillo como miembro del cuerpo.
Todo ello frente a las versiones exculpatorias facilitadas por los acusados para algunos de los hechos. En el caso de Gómez Campillo, inciden además que pese a negar haber trabajado con los acusados y decir que sólo iba por el local porque les conocía, «muchos testigos lo vieron actuar en compañía de los otros dos acusados».
