PALMA | EUROPA PRESS/REDACCIÓN/M. F.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó ayer en Maó que se está trabajando «intensamente» para iniciar el proyecto de construcción del nuevo edificio judicial en Ibiza, y agregó que la necesidad de espacio «está siendo suplida con el arrendamiento de un inmueble en el centro intermodal y de seguridad». «Esta medida ha supuesto una gran mejora pero no deja de ser transitoria», manifestó el ministro, que ensalzó la colaboración de las autoridades municipales de Ibiza y destacó: «Esperamos poder disponer del suelo adecuado e iniciar la redacción de un proyecto que supondrá una inversión de 13 millones de euros».
Caamaño calificó el proyecto del nuevo edificio judicial de Ibiza como «muy ambicioso», y precisó que el Ministerio está pendiente de los trámites de permuta del terreno: «Esperamos avanzar muy pronto y empezar las obras». No obstante, el ministro puntualizó poco después en Palma que no tiene «ninguna prisa» en transferir las competencias en materia de Justicia a Balears, ya que prefiere que las infraestructuras que es necesario construir en las islas (como es el caso del edificio de Ibiza) estén hechas o, al menos, en marcha.
El ministro de Justicia colocó ayer la primera piedra del nuevo edificio de juzgados de Maó, una infraestructura que, según precisó, se inaugurará durante el primer semestre de 2011.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, despachó ayer su visita a Palma con generalidades las insistentes preguntas de los periodistas de por qué no se destinan más fiscales para luchar contra la corrupción política en Balears, a la vista de lo saturados que están los tres actuales. Caamaño se limitó a destacar que ha sido este Gobierno socialista el que «ha creado y potenciado la Fiscalía Anticorrupción, porque está decidido a combatir» esta lacra. Calificó de «coyuntural» el alud de casos que están aflorando en Balears, explicó que «se está atento a la necesidades reales», y que si éstas aumentan, el Ministerio lo «analizará», como ha hecho hasta ahora, en aras a satisfacer las demandas.
Preguntado sobre si en su reunión ayer con el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, éste no le había reclamado reforzar Anticorrupción, el ministro eludió responder con concreción, limitándose a señalar que Barceló le había expuesto su «preocupación» por varias cuestiones, se mostró abierto a «evaluar» la posibilidad de incrementar los medios judiciales de las islas, si bien en todo caso emplazó a canalizar esta demanda reglamentariamente a través de la Fiscalía general del Estado.
El ministro recordó que se está negociando la reforma del Código Penal, que prevé endurecer las penas para los delitos de corrupción. En este sentido, con el nuevo Código «va a ser muy difícil evitar la prisión» para los corruptos, puesto que se contempla pena de prisión para todos los responsables públicos involucrados en causas de corrupción, siempre y cuando se acredite en un proceso judicial.