El local de alquiler que Vila paga en Cas Serres acogerá un templo evangélico

IBIZA | ALBERTO FERRER El Partido Popular pondrá en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades que atribuye al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza por alquilar desde hace dos años un local en Cas Serres para la Iglesia Evangélica de Filadelfia que, según confirmó el pastor esta congregación, José María Rodríguez, se dedicará a «un templo y centro social» en este barrio. El equipo de gobierno replica que trata de facilitar un local para que desarrollen sus actividades las entidades que lo solicitan «en función del número de socios y de su relevancia», según explicaron fuentes municipales.

La oposición municipal sostiene que el Consistorio «sigue pagando aunque no ha formalizado el arrendamiento del local, por el que ha abonado más de 28.000 euros» desde junio de 2008, una situación que consideran «punible judicialmente». El local, situado en los bajos del inmueble sito en el número 11 de la calle Josep Tur i Llaneras, no ha tenido ningún uso desde que se empezó a pagar este alquiler. «Vemos vinculaciones políticas», aseguró la portavoz del PP de Vila, Virtudes Marí, que recordó que «es público y notorio que al frente de la Iglesia Evangélica de Filadelfia hay conocidos miembros del PSOE».

Marí advirtió que se podrían estar cometiendo diversas irregularidades en este caso. Así, considera que se ha «falsificado un expediente de contratación» de este arrendamiento porque el procedimiento se inició «un año después» de que se empezara a pagar el alquiler y «nunca se cerró». En el documento se habla de un local para la entidad religiosa que coincide con las características del ubicado en la calle Josep Tur i Llaneras, algo que la portavoz definió como «traje a medida». «El expediente explica que se hace una búsqueda en diversas inmobiliarias pero, ¡oh, casualidad!, sólo se presentó el local que ya tenían», ironizó.

El contrato no se llegó a formalizar, aseguró Marí, por un informe jurídico contrario del propio Ayuntamiento. Este dictamen advertía del «incumplimiento de la Ley de subvenciones públicas, que exige publicidad y libre concurrencia», para garantizar que puedan optar otras entidades interesadas en el local, o mediante una convocatoria pública de ayudas al arrendamiento para entidades sociales. La portavoz popular considera que el equipo de gobierno actuó «con nocturnidad» en este caso porque este expediente «es conocido por el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Vicent Ferrer Barbany, la alcaldesa y el funcionario que firma toda la documentación».

La portavoz insistió en el agravio comparativo con otras entidades: «Hay otras asociaciones, dos en ese mismo barrio, que están pagándose sus locales», informó Marí, que citó los casos del Centro Betània de Cáritas y la Iglesia Cristiana Bíblica, otra congregación evangélica en este mismo barrio.

La portavoz del PP aseguró que la reforma del local se diseñó «en una empresa externa» y está presupuestada en 100.000 euros, una cifra que desmienten desde el Ayuntamiento.

El equipo de gobierno expresó ayer en un comunicado su «tranquilidad» ante las amenazas del PP de llevar este caso ante la Fiscalía. Según el texto, al recibir la petición de «una asociación ciudadana de más de un centenar de miembros» –como se alude a la agrupación evangélica–, el equipo de gobierno inició la búsqueda de un local en el barrio donde la entidad tenía su sede y se encontró un local «que requería una profunda reforma».

La entrada en vigor en 2009 de la nueva Ley de subvenciones obligó a modificar el expediente del arrendamiento, según el Ayuntamiento, y la sobrecarga de trabajo de los técnicos municipales ha retrasado todo el procedimiento. «La obra se contratará durante 2010», asegura el Consistorio, que ayer no pudo concretar si el procedimiento se paralizó o no por el informe contrario de sus propios servicios jurídicos.

La nota asegura que Vila ha cedido locales municipales y arrienda otros a diversas entidades municipales, además de a todas las asociaciones de vecinos de la ciudad. El equipo de gobierno rebate así las acusaciones del PP de que se está dando «un trato de favor» a la agrupación evangélica frente a otros colectivos.