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IBIZA | N. G. G. El PP denunció ayer el supuesto «deterioro» que, a su juicio, ha sufrido la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito (OAVD) de Ibiza a raíz de los cambios efectuados en la gestión del servicio, en su localización y los profesionales del ámbito jurídico que la atienden. El conseller Vicent Serra aseguró que el rendimiento del servicio «ha disminuido», tanto en lo referente a la demanda como a la calidad, y expresó su preocupación al respecto.
La directora general de Justicia del Govern, Marta Díaz, negó todas las acusaciones, resaltó el esfuerzo de su departamento por potenciar este servicio y afirmó que la demanda incluso ha aumentado desde el traslado de las oficinas.
Serra criticó que desde 2009 la gestión directa de la OAVD, haya pasado del Govern a los colegios de abogados y psicólogos porque, dijo, esto ha supuesto un descenso de la inversión destinada y un perjuicio económico para los profesionales que la atienden. Díaz, sin embargo, indicó que el objetivo del cambio era mejorar el servicio, pues se consideró que desde los colegios profesionales se podía prestar una atención mejor al contar con profesionales formados para ello. Sobre los sueldos, Díaz dijo no saber lo que se cobraba antes, pero señaló que los profesionales cobran un salario adecuado.
El conseller consideró un perjuicio el traslado de la oficina desde Sant Jordi hasta el Colegio de Abogados porque ha supuesto «la eliminación del espacio de referencia». Sin embargo, Díaz aseguró que la modificación responde a una petición de los propios usuarios y resaltó el beneficio que supone estar ahora en un lugar céntrico de la ciudad, en la calle Aragón de Vila.
Sobre la abogada que atiende la oficina, Serra criticó que se solapa su actividad profesional con el horario de la OAVD, algo que la directora de Justicia negó.
Según Díaz, las quejas del PP son fruto del enfado de la abogada que antes trabajaba en la OAVD –concejal del PP, mientras que la nueva lo es del PSOE– que no vio renovado su contrato a final del año pasado. Los populares denuncian que la letrada sufrió mobbing, mientras que Díaz mantiene que desde el colegio, responsable de la contratación, le han comentado que tenían quejas sobre su trabajo por incumplimiento de horarios.
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