Intervienen numerosa documentación sobre contratos de Farrús con IB3

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La comisión judicial que durante horas registró el lunes, dentro de la llamada operación Voltor, las sedes en el Parc Bit de varias sociedades de Jacinto Farrús un empresario vinculado a los sectores audiovisual e inmobiliarios, intervino abundante documentación sobre los contratos para elaborar los servicios informativos de la radiotelevisión pública balear IB3. La fiscalía anticorrupción ha ampliado sus pesquisas a los acuerdos firmados entre el empresario Jacinto Farrús y la televisión autonómica IB3.

Farrús, defendido por Llorenç Salvà, pasó anoche, junto al ex conseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils y dos de los propietarios de la empresa de servicios informáticos Minser, su segunda noche en los calabozos policiales en espera de ser puesto hoy a disposición judicial.

El registro en las sedes de varias sociedades de Farrús ubicadas en uno de los edificios del Parc Bit empezó el lunes por la mañana y acabó hacia la una de la madrugada de ayer. La comisión judicial se incautó de miles de documentos, entre ellos muchos relacionados con los contratos suscritos por el grupo empresarial con la televisión pública de Balears IB3. El allanamiento corrió a cargo de una comisión del juzgado de instrucción 10, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, agentes del grupo policial de delitos económicos y personal de la Agencia Tributaria.

Farrús, a través de la empresa SBT, se encarga de gestionar los informativos de la radio y televisión pública de Balears. El empresario detenido pactó percibir de IB3 10 millones de euros para prestas esos servicios este año. El contrato incluye que SBT aporte redactores, cámaras, productores, realizadores, personal técnico y maquilladores.

Ayer IB3 señaló que mantendrá su contrato con el empresario arrestado, salvo que se produzcan incumplimientos graves de los acuerdos por motivos relacionados con la situación procesal de Farrús.

Los documentos intervenidos en el registro serán analizados por los investigadores.
La fiscalía busca pruebas de posibles irregularidades en contratos, desvíos de fondos públicos y pagos de comisiones.
La comisión judicial también se llevó documentación en soporte informático.