IBIZA | ALBERTO FERRER
Los presidentes de las distintas asociaciones de autónomos del taxi de Ibiza, salvo la de Sant Josep, pactaron, en algún caso con el desconocimiento de sus asociados, que recurrirían y asumirían conjuntamente el coste de la lucha judicial contra las autorizaciones de nuevas licencias en cualquier municipio de la isla. Este acuerdo se ha estado aplicando hasta finales del año pasado, según confirman varios presidentes de estos colectivos. Incluso en los recursos en los que no figuran como demandantes todas las patronales, las cuatro asociaciones han venido sufragando de manera proporcional al número de socios las costas judiciales de cada procedimiento.
La minoritaria Unión Pitiusa del Taxi es la que promueve la mayoría de estos recursos. Su presidente, Joan Marí, asegura que las otras asociaciones sólo participan económicamente «en las denuncias donde figuran como demandantes».
El presidente de la mayoritaria Asociación de Autónomos de Ibiza, Vicent Prats, por el contrario, afirma que conoció esta situación al asumir el cargo a finales del año pasado: «Había muchos recursos financiados conjuntamente por nosotros y la Unión Pitiusa y decidimos no seguir con ello. Por respeto al [las patronales] resto de municipios mantenemos los recursos en Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària pero di órdenes de dejar de colaborar con la Unió Pitiusa», comentó Prats, relacionando esta práctica con la anterior dirección del colectivo.
Ambas patronales «y otras», según figura en la denuncia, recurrieron la última concesión de seis licencias en Santa Eulària, en la que los autónomos de este municipio no figuran como demandantes. Su presidente, José Tur, por una parte, se muestra contrario a ir contra sus socios: «No he firmado ni firmaré un recurso contra las licencias de Santa Eulària», recalca. Pero a renglón seguido admite que sí participan en el pago de las costas.
Tur también admite que se puede dar la circunstancia de que un autónomo esté participando en los recursos conjuntos sin saberlo, ya que se acordó con un redactado muy genérico: «Nuestra asamblea aprobó autorizar que se emprendieran todas las acciones necesarias para defender los derechos del colectivo del taxi», explica.
Se da la circunstancia de que tanto en Santa Eulària como en Sant Antoni, los autónomos pactaron con sus alcaldes que éstos rechazarían el cupo de licencias estacionales que les asignó el Consell y los taxistas, por su parte, aceptarían un aumento en el número de licencias anuales. Sant Antoni, por otra parte, adjudicó otras 11 licencias y estudia conceder otras dos en breve.
El presidente de los taxistas de Santa Eulària justifica los recursos de las otras patronales: «Acordamos con el Ayuntamiento que aceptaríamos las licencias siempre y cuando estuvieran bien concedidas. Si Unión Pitiusa o la Asociación de Autónomos de Ibiza creen que no están bien dadas, están en su derecho de recurrir».
El hecho de que los taxistas de Santa Eulària colaboren económicamente en estas acciones judiciales, a pesar de que no todos lo sepan y de que incumplen así el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, tiene una importancia relativa para Tur: «Es como el que vive en el primer piso de un edificio, también paga el ascensor. Se hace un paquete y se reparte», explica.
La asociación de autónomos de Sant Josep se desmarcó desde el principio de este acuerdo, aseguraron diversas fuentes, aunque las otras patronales presentaron recurso contra las ocho nuevas licencias otorgadas por el Consistorio.
Hace unos meses, la asamblea de Sant Antoni aprobó retirarse de cualquier demanda y no recurrir la última concesión de licencias aprobada por el Ayuntamiento. Su presidente, Jaume Ribas, explica que hasta entonces se colaboró con el resto de patronales.
La asociación de taxistas Ebusus propondrá en la próxima asamblea de la Asociación de Autónomos de Vila, de la que también forman parte, que se incluya un punto en el que la dirección se comprometa a renunciar a todos los recursos. Denuncian que, incluso sin saberlo, se les puede haber hecho partícipes de la lucha judicial contra las nuevas licencias, que no comparten: «Puede haber pasado por la asamblea como un punto en el que se informa a los taxistas del gasto acumulado en abogados, pero sin especificar», explica Emilio Vargas, vicepresidente de Ebusus. Vargas señala que un autónomo que acaba de obtener la licencia puede estar colaborando económicamente con el recurso interpuesto contra su concesión sin tener conocimiento de ello, ya que la patronal a la que pertenece «no figura nunca como demandante».
«Estaré encantado si las otras asociaciones colaboran», asegura Joan Marí. El presidente de la Unión Pitiusa recuerda que, estatutariamente, un acuerdo como el de denunciar una concesión de licencias debe someterse a la aprobación de la asamblea de cada municipio: «Cualquier taxista puede contribuir a los gastos a título particular y tenemos muchos amigos», responde al ser preguntado al respecto.