IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El Consell ha alcanzado «un acuerdo verbal» para adquirir los terrenos que abarcan la península de sa Caleta, una zona de 23.000 metros cuadrados donde se encuentra los restos del poblado fenicio declarado Patrimonio de la Humanidad y las antiguas estructuras militares, que la institución pretende reconvertir en un centro de interpretación del yacimiento y la cultura púnica en general. La consellera de Política Agrícola y Patrimonial, Marga Torres, asegura que la institución está a la espera de cerrar «una serie de cuestiones administrativas y de financiación» para culminar la operación y «dar a conocer los detalles», aunque reconoció la existencia del «acuerdo verbal» con los seis propietarios de los terrenos, entre ellos Fiesta Hotels & Resorts S.L., del Grupo de Empresas Matutes.
Torres destaca «la buena disposición» de los propietarios para lograr un acuerdo. La consellera rehusó dar la cantidad económica pactada para adquirir los terrenos a la espera de que se formalicen los flecos pendientes, aunque, según ha podido saber este periódico, es de 600.000 euros, una cantidad inferior a lo que inicialmente pedía la propiedad pero que se ajusta a la tasación encargada por el Consell. «No hay mucha diferencia [con respecto a la tasación]», se limitó a decir la consellera.
Los propietarios de los terrenos y la consellera se reunieron a finales de febrero pasado para reafirmar su intención de seguir adelante con el acuerdo pactado. El Consell emplazó a la propiedad a una nueva reunión en junio para cerrar definitivamente la operación, una vez aprobada la subvención de la Unión Europea que ha solicitado la institución para comprar los terrenos. El Consorcio Patrimonio de la Humanidad aporta 100.000 euros para adquirir los terrenos, a lo que se suman otros 100.000 de los fondos propios del Consell. El resto se financiará a través de fondos europeos. «Es una de las vías que estamos mirando», reconoció Torres.
La ´joya´ del Patrimonio
La importancia de la compra de la península de sa Caleta radica en el hecho de que el yacimiento púnico, que data del siglo VII a. C., abarca una superficie mucho más amplia que la zona vallada, que es la única parte que actualmente es propiedad del Consell. De hecho, al hallarse en una propiedad privada, los técnicos de Patrimonio optaron en su día por «enterrar» parte de los hallazgos para evitar su deterioro. Pese a ser la ´joya´ de la declaración Patrimonio de la Humanidad, el aspecto del yacimiento resulta «antiestético», en palabras del arqueólogo del Consell Joan Ramon, por las vallas metálicas de protección que lo rodean que, además, se caen roídas por el óxido, sobre todo la parte expuesta a los embates del viento y el salitre del mar.
La consellera destaca que para resolver el problema estético que afecta al yacimiento arqueológico, controlar el acceso y para desenterrar el resto del poblado fenicio, uno de los más importantes del Mediterráneo Occidental, primero se debe cerrar la compra. Otra de las propuestas del Consell es la de recuperar la batería de defensa de la costa y los pasos subterráneos y reconvertir la estructura militar en un centro de interpretación. De hecho, Joan Ramon resaltaba hace unos meses en una conferencia ante responsables de gestión de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad la importancia de la construcción de los elementos militares ya que, al expropiar los terrenos, el Ministerio de Defensa evitó que«la incipiente urbanización que empezaba a devastar el territorio» afectase a esta área, hoy totalmente protegida. Por ahora, la institución no ha encargado ningún proyecto para avanzar la recuperación de este espacio porque, según Torres, supone «un coste» y ahora mismo todos los esfuerzos están «centrados» en lograr los recursos necesarios para cerrar la operación de compra.
Una vez adquiridos los terrenos de la península, incluido el camino de acceso, el Consell también se replanteará otras fórmulas para evitar el uso de la valla metálica, que tantos problemas ocasiona, para preservar el yacimiento arqueológico. El Consell logró un acuerdo con los propietarios para impedir el acceso de vehículos y evitar así posibles daños a los restos que todavía no han sido excavados.