Vila hace efectivo el control de los ingresos que genera la ´zona azul´

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ El Ayuntamiento de Ibiza ya ha hecho efectivo el control de los ingresos que genera el aparcamiento de pago de la ciudad, la llamada ´zona azul´, mientras resuelve la rescisión del contrato de Park Control 2000 S.L, la empresa que lo gestiona desde 2004. El primer teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, aseguró ayer en rueda de prensa que el proceso de rescisión del contrato «no tiene marcha atrás» a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa y su compromiso de pagar la deuda de casi 550.000 euros que mantiene con el Consistorio por el impago de algunas cuotas trimestrales del año pasado.

Pizarro firmó un decreto el pasado 5 de marzo en el que comunicaba a la empresa que, pese a las alegaciones, mantenía en pie la decisión de resolver el contrato y que, como media cautelar, nombraba a la empresa Antonio Luis Marí Auditores S.L. para que, como delegada del servicio de Intervención municipal, lleve a cabo la fiscalización de la actividad económica-financiera de la concesión. En este mismo decreto, el Consistorio instaba a la empresa a abrir una cuenta bancaria en la que, a partir de ahora, se depositarán todos los ingresos derivados de la concesión, con un poder notarial para que cualquier movimiento de esta cuenta (los gastos de la concesión, como el pago de las nóminas de los trabajadores, por ejemplo) requiera de la firma de un representante de la empresa y del interventor.

Paralelamente, el Consistorio está a la espera de que los servicios jurídicos municipales respondan a las alegaciones presentadas por la empresa para remitir el expediente al Consell Consultiu, órgano consultivo dependiente de la Comunitat Autònoma, para que resuelva si la rescisión del contrato se ajusta a Derecho. En caso afirmativo, que es lo que espera el Ayuntamiento, el contrato de Park Control 2000 S.L. quedará resuelto automáticamente, aunque obviamente la empresa tendrá derecho a recurrir esta decisión en los tribunales.

El Ayuntamiento ha optado finalmente por hacerse con el control de las cuentas de la concesión hasta que el Consell Consultiu resuelva la rescisión del contrato, lo que puede demorarse unos dos meses, según Pizarro, en lugar de «secuestrar» la concesión; es decir, intervenir directamente la gestión de la contrata. El teniente de alcalde explicó que si la Administración hubiera optado por el camino del «secuestro», éste, según marca la ley, no puede prolongarse durante más de ocho meses, por lo que al término de este plazo, el Consistorio debería optar por devolver de nuevo la contrata a la empresa o bien, en el caso de que no se hubiera resuelto el problema (el impago de las cuotas), iniciar la resolución de la misma. «Hemos optado por dar el paso definitivo. La medida más dura», dijo.

Pizarro explicó que la empresa ya ha abierto la cuenta bancaria y ha efectuado la firma de poderes solicitada al entender, según el edil, que se trata de «una propuesta sensata». De esta manera, el Consistorio no sólo verifica los ingresos, sino que, además, controla que la empresa pueda desviarlos a otras cuestiones distintas de la concesión.

El interventor aconsejó la contratación de la empresa Antonio Luis Marí Auditores S.L. para fiscalizar la actividad económica de la contrata, cuyos servicios supondrán un coste al Consistorio de 18.188 euros, ante «la imposibilidad de nombrar a un funcionario cualificado de su departamento sin que influya de forma notable en el retraso del trabajo asignado a esta área debido a la actual carencia de personal».

Respuesta al PP

Pizarro recomendó al PP, que «haga lo que crea conveniente», en referencia a las amenazas de la oposición sobre la posible interposición de una demanda en los tribunales, incluso por la vía penal. «Ahora se han enganchado a decir que tenemos un trato de favor con la empresa porque en ésta trabaja un destacado militante del PSOE [Santiago Juan, el nuevo director del Institut d´Estudis Baleàrics], que ni siquiera sabía que lo fuera. No me gustaría recordar con cuántas empresas trabaja este Ayuntamiento que son propiedad, no digo sólo que trabajen, de destacados miembros del PP».

Sobre los 412.000 euros compensados por el Consistorio en concepto de «gasto imprevisto» por el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Pizarro insistió en que «el Ayuntamiento no perdona nada» ya que lo avala un informe del interventor.