Mayans no entiende la negativa del PSOE y del Bloc a anular el deslinde

FORMENTERA | C. CONVALIA El diputado de Formentera, Pep Mayans, presentó el pasado miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear la moción aprobada por el pleno del Consell, a instancias del GIF, en octubre de 2008 que pide un nuevo deslinde de Costas. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en dos de sus tres puntos y con mayoría absoluta en uno de sus apartados donde el PSOE y Bloc votaron en contra. La proposición pide al Ministerio de Medio Ambiente la redacción de un nuevo «deslinde justo» para Formentera, la anulación del anterior de 1997, aprobado por el entonces gobierno del PP, y el mantenimiento de la actual línea que marca la zona de servidumbre.

Pep Mayans precisó que la propuesta que llevó a comisión deriva del citado acuerdo plenario y es «calcada» a la moción aprobada por el Consell en 2008. Aseguró que la Institución insular la remitió al Parlament el 16 de septiembre de 2009 y como diputado la recibió una semana después, dándole entrada en la Cámara autonómica el 29 de septiembre de ese año.

Posteriormente, en diciembre de 2009, el pleno del Consell Insular aprobó otra moción, por unanimidad, en la que eliminaba el punto dos del acuerdo del año anterior y añadía los informes redactados por los servicios jurídicos del Govern que avalan la redacción de un nuevo deslinde.
Mayans explicó que en su intervención explicó la actual situación y citó «como novedad» los referidos informes jurídicos del Govern balear, redactados con posterioridad, para remitirlos al ministerio.

El diputado recordó que a lo largo del pasado año se habían registrado pasos negativos y otros positivos en relación a la modificación de la línea que marca la franja de uso y dominio público litoral. Por una parte se refirió al «poco margen» de maniobra que la Demarcación de Costas reconoció tener para cambiar el deslinde. También citó la propuesta del Ministerio de reubicar las casas afectadas en zonas de servidumbre. En el lado positivo consideró el compromiso que le transmitió el jefe de la Demarcación, Celestí Alomar, de que el Ministerio no empezaría a contar el tiempo de la concesión administrativa de 30 años, prorrogables otros 30 años, hasta que no se desbloqueará la situación.

Para avanzar en el proceso, el diputado se propone crear una comisión delegada parlamentaria, con todos los grupos políticos más representantes del Consell, con su presidente a la cabeza, y los afectados para que «todos» expliquen a la ministra de Medio Ambiente el informe jurídico del Govern.