La Ley contra la corrupción en el sector público se negociará con PP y UM

PALMA | F. GUIJARRO El Govern aprobará el próximo viernes su proyecto de ley del sector público para luego remitirlo al Parlament, que tiene entre sus principales objetivos el incrementar los controles contra los posibles casos de corrupción en las empresas, fundaciones, consorcios y similares dependientes de la Comunitat Autònoma, según anunciaron ayer los consellers de Presidencia, Economía y Turismo, Albert Moragues, Carles Manera y Joana Barceló.

Este proyecto fue tratado en el Consell de Govern celebrado ayer –aunque recibirá su visto bueno el viernes– con el objetivo de que hoy mismo se inicien los contactos con UM y PP para intentar garantizar apoyos suficientes para que sea aprobado en la Cámara balear, dado que el Ejecutivo autonómico se encuentra ahora en minoría, según señaló Moragues, que se mostró convencido de que se conseguirá el consenso suficiente, dado que Unió Mallorquina ya había dado su beneplácito al borrador.

Un aspecto destacado es que 170 entes conforman el sector público de las islas, de los que 104 corresponden a consorcios. Los 76 que dependen del Govern –aquellos en los que tiene la participación mayoritaria y sobre los que se aplicará la futura ley– gestionan un presupuesto próximo a los 2.000 millones de euros y su deuda es de 1.392 millones. Y lo que es más importante, todos los casos de presunta corrupción no se han producido en conselleries, sino en este tipo de organismos, como Bitel, Turisme Jove, CDEIB, Palma Arena, Inestur e Imet.
Para empezar, Manera indicó que el sector público balear se encuentra sobredimensionado, de ahí que en la actual remodelación del Govern se esté abordando la fusión de 15 entes públicos y la desaparición de cinco.

Cambios en los controles

Pero además, se trata de modificar el actual sistema de controles, ya que si en las conselleries éstos se producen antes de realizar las inversiones, en los entes públicos la legislación actual sólo contempla la aplicación de estos mecanismos de vigilancia cuando la inversión ya se ha realizado y mediante la contratación de auditorías externas.

Con la nueva Ley, ese sistema de vigilancia se mejorará, con la presencia de la Intervención de la Comunitat Autònoma en estos consorcios y empresas públicas. El conseller de Economía señaló que se aplicarán fórmulas para evitar la «picaresca» en la aplicación de la ley de contratos y poner fin a las excesivas desviaciones presupuestarias, al tiempo que se hará necesaria la aprobación del Govern para realizar los desembolsos de mayor cuantía.