El juez cree que Matas pudo quedarse con parte de los 50 millones del Palma Arena

PALMA | F. ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE El juez José Castro se declaró ayer competente para seguir investigando, dentro del sumario por la presunta trama de corrupción del velódromo Palma Arena, el patrimonio del ex presidente del Govern del PP Jaume Matas, en un duro auto donde destacó los indicios sobre el elevado dinero negro manejado por el también ex ministro, citado a declarar para el próximo 23 de marzo. Castro argumentó que existen series indicios de que el ex presidente tomó decisiones unilateralmente y al margen de la legalidad sobre el velódromo y de que parte de los aproximadamente 50 millones de sobrecoste del Palma Arena pudieron acabar en el patrimonio de Matas.

El instructor desestimó ayer la solicitud de nulidad de actuaciones de la parte de las pesquisas relativa a los elevados incrementos patrimoniales de Matas en su último mandato, entre 2003 y 2007, una petición cursada por el letrado Gregorio San José y apoyada por otros defensores, entre ellos Rafael Perera, letrado del ex ministro. San José argumentó que las casas o televisores de Matas no tenían nada que ver con el velódromo por una cuestión incluso temporal y pidió que la parte del patrimonio pasara a otro juez, sin especificar a quién.

Para Castro y la fiscalía anticorrupción, Matas fue el gobernante que pilotó el proceso de construcción y primeros eventos en el Palma Arena y tomó, al margen «del órgano colegiado que tenía competencia para ello», decisiones que causaron los 50 millones de sobrecoste. «La sospecha se va tornando en indicios de criminalidad cuando las decisiones de mayor trascendencia se hacen en favor de personas vinculadas de una u otra manera a Jaume Matas», añade el auto. El juez expresa sus fundadas creencias de que parte de esos 50 millones de fondos públicos se desviaron a otros fines.

Sobre la fortuna de Matas, la resolución destaca que «han aparecido grandes sumas de dinero cuyo origen se está a la espera de ser justificado [por el propio ex presidente en marzo]». «En el supuesto de que las explicaciones [de Matas] no convencieran» y «se confirmaran las sospechas de que su injustificada fortuna tuviera su origen en las funciones públicas que [Jaume Matas] desempeñó, una de ellas, no necesariamente la única, podría ser en buena lógica el Velódromo», razona el instructor.

En este asunto, el juez José Castro ha decidido citar, en calidad de testigos, y para mediados de este mes a Rosa Estaràs, Joan Flaquer y Rosa Puig, que en la pasada legislatura ocuparon cargos dirigentes en el Govern del PP, promotor de dicha instalación deportiva y de un campeonato del mundo de Ciclismo en Pista.

Sin imputar, de momento
Castro ha decidido no imputar por el momento a Rosa Estaràs, que en la pasada legislatura era vicepresidenta del Govern y aparece al frente de organismos clave en el Palma Arena; Joan Flaquer, conseller de Turismo en el anterior Govern del PP y político que autorizó contratos de cientos de miles de euros relacionados con eventos celebrados en el Palma Arena; y Rosa Puig, que entre 2003 y 2007 fue consellera de Juventud y Deportes; su departamento desempeñó un papel protagonista en el velódromo.

Estaràs es en la actualidad miembro del Parlamento Europeo por el Partido Popular y como tal aforada ante el Tribunal Supremo. Castro podría haberla citado como imputada, pero casi con seguridad que las defensas hubieran planteado un conflicto de competencias y hubiesen recabado el pase del sumario al Tribunal Supremo.