Un acuerdo entre las partes cierra el caso del edificio Barceló

Los vecinos perjudicados por el desplome del edificio de Viajes Barceló, que se vino abajo hace ahora nueve años a causa de unas obras de reforma que se realizaban en él sin licencia, recibirán indemnizaciones que suman en total 1,85 millones de euros según el acuerdo alcanzado ayer por los abogados de todas las partes involucradas

EIVISSA | NIEVES GARCÍA GÁLVEZ Los vecinos perjudicados por el derrumbe del edificio de Viajes Barceló recibirán indemnizaciones por un importe total de 1,85 millones de euros según el acuerdo que alcanza-ron ayer sus letrados y los de los tres acusados, las empresas de éstos y las compañías aseguradoras tras dos jornadas de intensas negociaciones. «Es un acuerdo satisfactorio», indicó Santiago Lucas, letrado de tres de los afectados, quien no obstante reconoció que era «inferior» a sus aspiraciones iniciales y que esto había hecho que algunos perjudicados, entre ellos sus representados, no estuvieran demasiado conformes.

A la vista del acuerdo, los tres procesados –el entonces administrador de Construcciones Saguri S. A., J. F. L., quien era director de la oficina de Viajes Barceló, J. S. P. F., y el entonces representante legal de Inmuebles de Baleares, propietaria del local, A. D. B.– quedaron absueltos del delito de daños por imprudencia grave del que estaban acusados, pues este tipo penal estima que con la reparación del perjuicio los afectados otorgan su perdón expreso y, por tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal. «Como no existe nadie que sostenga la acusación, les absuelvo del delito», les dijo la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, dictando sentencia in voce, mientras resaltaba que la resolución era consecuencia de haber indemnizado «debidamente» a los perjudicados.

La negociación no fue fácil y así lo reconoció la propia magistrada, que incluso llegó a felicitar a los abogados por el esfuerzo. Fuentes jurídicas explicaron que, una vez que se suspendió la tercera sesión del juicio el miércoles, las reuniones siguieron por la tarde en un hotel de la ciudad. Por turnos, uno a uno los letrados de los perjudicados estuvieron negociando las cuantías a recibir con los representantes de quienes tenían que hacerse cargo de éstas. «Yo estuve hasta las nueve de la noche», indicó uno de ellos, que tuvo más suerte que algún compañero, que terminó de madrugada.

Pese a esta jornada de reuniones, a las diez horas de ayer, momento en que debía reanudarse el juicio o firmar definitivamente el acuerdo –no era necesario que fuera con todos los perjudicados pues el procedimiento podía continuar con una parte–, la situación no estaba clara y si bien había abogados dispuestos a aceptar las propuestas, otros se mostraban disconformes con unas ofertas que, en alguno de los casos, se consideraban escasas.

Ofertas inferiores a lo reclamado

Durante dos horas, en las que los testigos citados a declarar esperaban pacientemente, los letrados estuvieron entrando y saliendo de la sala, llamando por teléfono e intentando convencer a sus patrocinados de que aceptaran las ofertas. En los pasillos se vivieron momentos de tensión, pues había afectados que se negaban rotundamente a conformarse con cuantías bastante inferiores a las reclamadas, lo que requirió de la intervención hasta de letrados de la parte contraria y de la magistrada.

A mediodía, sólo dos de los clientes de uno de los abogados insistían en que rechazaban las ofertas y querían seguir adelante con el juicio. No obstante, a última hora de la mañana el acuerdo quedaba cerrado definitivamente por un importe total de 1.852.177 euros, del que se hacen cargo las empresas Inmuebles de Baleares y First Choice y las aseguradoras Mapfre y Catalana Occidente. Fuentes jurídicas indicaron que el dinero ha sido ya consignado y que en un plazo de una semana aproximadamente podrá ser cobrado por los beneficiarios.

La cuantía final que recibirán los afectados es ligeramente superior a la estimada por el Ministerio Público, que en su escrito provisional de acusación pedía de 1,77 millones –a falta de concretar algunas indemnizaciones–, pero inferior a la del conjunto de afectados. Según fuentes de la Fiscalía, una de las cuestiones que rebajó las cantidades fue el hecho de que en las tasaciones de las viviendas aportadas a la causa se incluyó el valor del suelo que, sin embargo, no debía considerarse en tanto que el solar no se ha perdido y todavía sigue siendo propiedad de los perjudicados.