La Audiencia mantiene la investigación penal contra Jaume Ferrer y Silvia Tur

IBIZA | E. RODRÍGUEZ La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso presentado por la defensa del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, de la agrupación Gent per Formentera (GxF), y la consellera de Medio Ambiente, Silvia Tur, para evitar que se siga instruyendo por la vía penal las diligencias abiertas contra ambos por un supuesto delito de coacciones a raíz de la denuncia presentada por el titular de dos quioscos en la playa de es Migjorn (Blanco y Giallo) que no pudieron abrirse el pasado verano por no haber obtenido autorización administrativa a causa de los problemas de orden público que genera su actividad.

Ferrer y Tur, ambos imputados, se acogieron a su derecho a no declarar el pasado 4 de junio a la espera de que se resolviera el recurso presentado. «Lo más normal es que primero se resuelva el recurso y a continuación declaremos», dijo entonces Ferrer, quien reiteró su convencimiento de que no hay motivo para seguir diligencias penales contra ellos por un asunto de esta naturaleza, más propio, según el presidente, en el caso de que algo pudiera haberse hecho mal, de «la vía administrativa».

El presidente de Formentera confirmó ayer a este periódico que la Audiencia Provincial ha desestimado sus pretensiones, aunque aseguró que desconocía los detalles a la espera de reunirse con su abogada. «No tengo la información», dijo Ferrer, quien dijo que seguramente tendrá que declarar ante el juez, lo cual, según dijo, no le causa ninguna preocupación. «No tengo ningún problema en hacerlo. Estoy bastante tranquilo», señaló. Ferrer dijo que esta resolución no cambia la situación, aunque aseguró que no podía aportar mucho más hasta que se reúna con su abogada.

Cuando se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, Ferrer justificó ante los medios de comunicación a la salida de los juzgados que en ningún caso se podía acusar a él y a la consellera Silvia Tur de coacción. «Estamos aplicando el orden público», dijo en alusión a los problemas de fiestas multitudinarias que, al parecer, solían producirse en estos establecimientos y que provocaban también problemas de tráfico por la aglomeración de vehículos que se producía en los alrededores.

Por su parte, el denunciante, un empresario italiano que explota los dos quioscos, considera que el Consell de Formentera ha vulnerado gravemente sus derechos, al disponer de una concesión que todavía no ha finalizado. Su concesión, que logró en 2005 mediante concurso, abarcaba varios años y, según él, no existía motivo alguno para interrumpirla.