IBIZA | JOAN LLUÍS FERRER
La Fiscalía de Ibiza ha solicitado al juzgado la imposición de seis años y tres meses de prisión para Miguel Ángel A. M., dueño del Café Concierto Soto, como presunto autor de sendos delitos contra el medio ambiente y de lesiones psíquicas al sobrepasar este establecimiento, de forma notable y reiterada, los límites máximos de ruido permitidos por la ley. La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de la actitud de dicho empresario, un matrimonio y su hijo de corta edad no pueden dormir por la noche y, además, ambos cónyuges han desarrollado lesiones psíquicas.
El escrito del fiscal Antoni Torres pide la apertura de juicio oral contra el empresario y, además de las penas de cárcel, solicita también la clausura definitiva del local, el pago de una multa de más de 12.000 euros y de sendas indemnizaciones a los dos cónyuges por valor de 12.000 y 8.000 euros, respectivamente, además del pago de las costas. Transitoriamente y antes de que se dicte sentencia, el fiscal pide la clausura temporal del establecimiento, como «única forma de impedir que el acusado continúe con la comisión de los delitos», así como el pago de un fianza de 30.000 euros o el embargo de sus bienes.
Los seis años y tres meses de prisión que pide el fiscal se desglosan del siguiente modo: para el delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica, con el agravante de desobediencia a las órdenes de la Administración, se piden cuatro años y tres meses, además de la citada multa de 12.150 euros e inhabilitación especial para «ejercer cualquier trabajo, profesión u oficio relacionado con locales de ocio nocturno por tiempo de cinco años». Para cada uno de los dos delitos de lesiones, se propone un año de prisión.
El fiscal recuerda que en once controles sonométricos distintos practicados por la Policía Local el pasado verano se superaron los decibelios permitidos por la ley; en dos ocasiones en más de cinco decibelios.
Dado que esta situación vulnera las normativas aplicables y tras las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento por los habitantes de la vivienda, el 22 de septiembre se precintaron los aparatos musicales hasta que no se instalara un limitador-controlador del volumen. El aparato quedó instalado el 1 de octubre, pero el día 5 «se constató que el acusado había puesto en funcionamiento un altavoz que no se encontraba conectado al equipo limitador de sonido indicado, incumpliendo de dicha manera la orden clara y tajante que le había sido dada».
Cuatro días después se volvieron a precintar los aparatos musicales, pero a raíz de una inspección sonométrica realizada el día 31 de octubre «se constató que el volumen sobrepasaba nuevamente el máximo permitido, lo que indicaba que el acusado había retirado o desconectado el limitador-controlador de volumen».
Como consecuencia de todo ello, prosigue el escrito del fiscal, la mujer afectada «ha sufrido insomnio y ansiedad», además de un episodio de gastritis. «En la actualidad, acude frecuentemente a consulta de psiquiatría del hospital de Can Misses. También su marido ha sido diagnosticado de insomnio y sigue tratamiento y toma la medicación prescrita», señala la Fiscalía. El matrimonio y su bebé «se han visto obligados en numerosas ocasiones a pernoctar en casa de familiares a fin de poder conciliar el sueño o impedir que fuera interrumpido por el volumen de la música ya descrito». Actualmente, el citado bar continúa abierto al público y el matrimonio y su hijo siguen sin poder dormir en su domicilio a causa del elevado ruido que genera.
