Fianza de 50.000 euros al dueño del bar es Soto de Vila por exceso de ruido

EIVISSA | N. G. G. El magistrado Juan Carlos Torres, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, ha impuesto una fianza de 50.000 euros al dueño del bar es Soto de Vila para garantizar la posible responsabilidad económica que pueda derivarse de la causa abierta contra él por un presunto delito contra el medio ambiente después de que una familia denunciara el ruido supuestamente excesivo que sale del local.

En el auto, dictado el pasado 16 de diciembre y contra el que cabía recurso de reforma y apelación, el juez ordena que, en el caso de no pagar la citada cantidad, le sean embargados los bienes suficientes para cubrir la cuantía.

Desde el pasado mes de junio, Laura Vallejo y su marido, Antonio Coll, que residen en la calle Ramón Muntaner, han denunciado en reiteradas ocasiones que la música y el ruido procedente del bar es Soto, cuya pared linda con la habitación de su hijo de dos años, excede los límites establecidos por las ordenanzas municipales.

En este tiempo la Policía Local de Vila ha llevado a cabo diversas sonometrías que, en su mayoría, han dado positivo por exceso de ruido. El 25 de septiembre, por ejemplo, llevaban realizadas ya ocho, todas ellas con resultado superior al límite permitido. Según relatan los afectados, entre finales de octubre y principios de noviembre se realizó otra prueba que tuvo como consecuencia el cierre temporal del local durante quince días. Sin embargo, Laura y Antonio relatan que cuando reabrieron, las molestias volvieron a su vivienda; unas molestias que, según dicen, han conllevado que ella esté en tratamiento por ansiedad, que él tenga que medicarse y que el hijo de ambos no quiera dormir en su habitación. «Pum pum», dice el niño cuando sus padres le preguntan qué se escucha en su habitación.

A raíz de sus denuncias –que ellos lamentan que no han provocado reacción alguna por parte del Ayuntamiento vilero– la Fiscalía empezó a trabajar en este caso, y consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de inmisiones acústicas y pidió al juez, como medida cautelar, la clausura temporal del establecimiento.

En su auto, el juez, aplaza la decisión de clausurar o no el local y cita a las partes a declarar de nuevo para tomar una determinación.