El Govern fuerza al Consell a denegar las ampliaciones de agroturismos y hoteles rurales

El llamado decreto Nadal, que entró en vigor el pasado 2 de octubre, impide la ampliación de agroturismos y edificaciones en las que se pretenda abrir un hotel rural. Esta medida obliga al Consell a derogar la norma incluida en el PTI que regula las ampliaciones de este tipo de establecimientos hasta un máximo de 1.500 metros cuadrados. Fuentes del colectivo de los arquitectos aseguran que este decreto, en «la práctica», impide que se puedan abrir nuevos agroturismos y hoteles rurales. El Consell admite como mínimo que «lo dificulta», pero sostiene que, aunque suponga «una intromisión» en sus competencias, «no será un drama».

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ El Consell de Ibiza no puede autorizar ampliaciones de los agroturismos ni de las edificaciones que se pretenden destinar a hotel rural, en contra de lo que determina el Plan Territorial Insular (PTI). El decreto 60/2009 de la conselleria balear de Turismo, conocido como decreto Nadal, que entró en vigor el pasado 2 de octubre, deroga automáticamente el apartado 1 de la norma 11 del PTI que permite la ampliación de este tipo de alojamientos turísticos siempre y cuando el conjunto resultante no supere el dos por ciento de la superficie de la parcela vinculada, con un máximo de 1.500 metros cuadrados. La nueva versión del PTI, cuya tramitación para su aprobación acaba de empezar, ya elimina esta posibilidad de su cuerpo normativo.

El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, asegura que se trata de «una intromisión» en la capacidad de decisión del Consell, aunque destaca que es una medida de «obligado cumplimiento». Ramon dice que la institución presentó alegaciones contra el decreto, pero «no se tuvieron en cuenta».

Con este decreto, la conselleria de Turismo desarrolla el decreto-ley 1/2009 de 30 de enero de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears e implanta «la declaración responsable» para simplificar los trámites a la hora de dar de alta un negocio turístico. La persona que firma esta declaración se compromete ante la Administración a que la actividad que pretende poner en marcha cumpla la normativa turística. Luego, el Consell tiene un plazo de dos meses para verificar mediante una inspección los datos aportados en la declaración. El decreto define la tipología de los distintos establecimientos turísticos pero también introduce, entre otras cosas, la prohibición de que se puedan acometer ampliaciones en agroturismos y edificaciones que se quieran destinar a hotel rural.

Bloqueo a este tipo de oferta
Fuentes del colectivo de los arquitectos aseguran que este decreto supone la imposibilidad de que en Ibiza, por la tipología de las casas rurales (de reducidas dimensiones en comparación con las de Mallorca o Menorca), se puedan abrir nuevos agroturismos. El conseller indica que no se prohíben expresamente, pero reconoce que si no se permiten ampliaciones es «difícil» que se puedan ofrecer «los servicios que reclama el modelo de turismo de lujo propio de este tipo de oferta». «Por eso se reguló a través del PTI la posibilidad de que se pudieran ampliar», justifica.

El conseller dice que tiene «la sensación», y así se lo han transmitido también otras personas vinculadas al sector, según dice, que de seguir aumentando este tipo de oferta se podría alcanzar «un grado próximo al de la saturación». Agrega que un decreto, a diferencia de una ley, es «fácilmente modificable», por lo que, a su entender, «no supondrá ningún drama» que «se pare» durante un tiempo la apertura de este tipo de establecimientos y más adelante se pueda plantear de nuevo esta cuestión con «más perspectiva». El conseller puntualiza, no obstante, que le hubiera gustado poder regular esta cuestión desde Ibiza.

Miquel Ramon asegura que desde la entrada en vigor del decreto cualquier solicitud de ampliación de agroturismos, incluso las que se habían empezado a tramitar antes, deberán ser denegadas. El conseller recuerda que a mediados de octubre la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio (Ciotupha) dejó dos peticiones de éstas sobre la mesa «y hay otras pendientes». Este decreto permite que se puedan utilizar las dependencias anexas legalmente construidas antes del 30 de enero de 2009 para la prestación de cualquier servicio del establecimiento, pero no para alojamiento.