FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
El arquitecto Salvador Roig, como parte demandante contra el Ayuntamiento de Formentera por la concesión de la licencia de obras, en abril de 2005, para construir el centro comercial Sant Ferran, en el solar conocido como Ca ses Castellones por el nombre de la casa que lo ocupaba, anunció ayer que pedirá al Juzgado la ejecución de la sentencia de derribo de los tres edificios, teniendo en cuenta que han pasado dos meses desde que ésta es firme.
La sentencia, dictada el 4 de febrero de este año, anula todos los actos administrativos relacionados con la aprobación de la licencia de obras y obliga a la Administración insular a devolver el solar a «la realidad anterior» a la construcción de los locales comerciales. Por otra parte, sigue pendiente de resolución judicial otro recurso interpuesto también por Roig contra la licencia de demolición de la antigua casa de Ca ses Castellones, que estaba incluida en el BIC del conjunto histórico de Sant Ferran y protegida en aplicación de la Ley de Patrimonio de Balears.
El demandante, que ha presidido la Demarcación del Colegiode Arquitectos en las Pitiusas, explicó que ha pedido la ejecución de la sentencia tras tener conocimiento de la aprobación en el Parlament del decreto de medidas urgentes que cambia los lindes de los conjuntos históricos. A su juicio, este decreto va «en contra de disposiciones generales de protección del patrimonio» y además ha permitido la delimitación de los conjuntos históricos que se recoge en la aprobación inicial del Plan Territorial Insular (PTI) de Formentera.
Salvador Roig considera que el Govern y Consell de la isla han confeccionado «un traje a medida» que permitirá, una vez ejecutada la sentencia y demolidos los tres edificios comerciales de Sant Ferran, volver a promover un proyecto similar, teniendo en cuenta que el solar queda «fuera» de la protección del patrimonio que marca el centro del conjunto histórico de Sant Ferran con la nueva delimitación incorporada al PTI. El demandante recordó que cuando recurrió la demolición de Ca ses Castellones y la construcción del centro comercial, perseguía generar jurisprudencia para aclarar la situación de la gestión del Patriminio de las islas.
El arquitecto interpreta que la vía por la que han optado el Consell y el Govern les permitirá «ganar tiempo», incluso pidiendo «la suspensión de la sentencia firme». También opinó que la dinámica del «traje a medida» no es aconsejable ya que podría reproducirse en otros municipios de Ibiza, donde a su juicio tampoco se cumple con los criterios de protección del patrimonio. Asimismo, se mostró «decepcionado y triste» por la actuación en este caso de los partidos progresistas de las Pitiusas.
El Consell tramita la «inejecución» . Pitiusas y Baleares
