IBIZA | N. G. GÁLVEZ / E. RODRÍGUEZ
Los juzgados de Primera Instancia número 1 y 2 de Ibiza se han trasladado provisionalmente a una de las torres del edificio del Centro Intermodal y Servicios (Cetis), en sa Colomina, a pesar de que el Ayuntamiento todavía no ha concedido el certificado del final de obra. El concejal de Urbanismo, Vicent Torres, restó importancia a esta situación, al menos durante la mudanza, y destacó que «técnicamente» el edificio «cumple» las condiciones necesarias para el traslado y que sólo queda pendiente «la supervisión municipal». «No hay ningún problema», dijo. Este periódico comprobó posteriormente que los funcionarios ya trabajan en el nuevo inmueble.
Ramón Conde, abogado de un vecino que promueve la constitución de una asociación de afectados por el edificio del Cetis, lo ve de forma totalmente distinta. A Conde le llama la atención que el Ministerio de Justicia haya podido suscribir un acuerdo de alquiler de las oficinas con sabiendo que el inmueble no cuenta con certificado de final de obra, «con lo que comporta todo esto», y que a pesar de ello, «se instale». «Me parece un poco fuerte», dice, al tiempo que cuestiona lo siguiente: «¿Qué seguro les cubre? ¿qué pasa si hay un accidente? ¿dónde está el plan de autoprotección?».
El letrado recuerda que sin el certificado de final de obra, las instalaciones no cuentan con la cédula de habitabilidad, necesaria para contar con suministro eléctrico de la red. De la misma manera, sin este certificado, tampoco se puede conceder la licencia de apertura, aunque el concejal de Urbanismo asegura que la Administración de Justicia puede llevar a cabo temporalmente su actividad sin contar con ella.
Precisamente, el juez decano Juan Carlos Torres, explicó ayer a este periódico que el servicio de Justicia «no precisa» de licencia de actividad. Torres señaló que el caso del edificio del Cetis se puede comparar con el de cualquier vivienda que, a la espera de alguna conexión o suministro básico, se habita, según él, aunque no cuente con la cédula de habitabilidad. A su entender, la falta de este trámite no debe ser un motivo que impida la ocupación del edificio. «Hay que tener en cuenta que los juzgados de Primera Instancia ganan en espacio y dignidad», justifica.
Más espacio en Isidor Macabich
El juez señala que la salida de los juzgados de Primera Instancia de la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich (el tres y el cuatro se trasladarán en enero y, posteriormente, el juzgado de lo Social), «deja espacio libre» para ubicar los juzgados de violencia de género y mejorar las condiciones del archivo. El traslado al Cetis es temporal hasta que se construya el nuevo edificio de los juzgados en el solar del antiguo colegio de sa Graduada. Asimismo, el juez decano apunta que, aunque no se haya otorgado el final de obra, el Consistorio ha autorizado la ocupación administrativa de la torre.
El concejal de Urbanismo justifica la urgente ocupación del edificio del Cetis, aunque no cuente con el final de obra, por la falta de espacio de la sede judicial actual. «Este traslado les da aire», indica Torres, que señala que, en la tramitación de las obras del edificio, el Consistorio ha tenido que ir solventando «problemas» sobre la marcha, como por ejemplo a la hora de justificar «la viabilidad del tráfico de los alrededores». La puesta en marcha de la estación de autobuses está supeditada a que el Consell ceda al Consistorio la titularidad del primer cinturón de ronda, lo cual todavía no se ha formalizado. Para solventar esta situación, explica Torres, se han tenido que crear «accesos, entradas y salidas». Esta es una de las causas que han retrasado las obras.
Por su parte, la portavoz del PP, Virtudes Marí, asegura que ha remitido un escrito a la alcaldesa, Lurdes Costa, para mostrarle su «preocupación» por la situación, «totalmente innecesaria». «Es una locura, una barbaridad y una ilegalidad», sostiene Marí, que también considera sorprendente que Justicia se haya trasladado en estas condiciones.
«Nos parece una imprudencia porque el Ayuntamiento puede incurrir en una responsabilidad innecesaria», añade Marí, quien reconoce la necesidad del traslado de los juzgados, pero señala que «se puede esperar un mes» y «no asumir este riesgo».
Escrito del PP
Como el Partido Popular forma parte de Imvisa, la empresa pública que promueve la construcción del edificio que albergará la nueva estación de autobuses de Vila así como dependencias municipales, ha remitido un escrito a la alcaldesa para advertirle de la situación y eximirse así de
cualquier responsabilidad.
