IBIZA | N. G. G.
Un inspector de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha considerado que el hecho de que el funcionario de la prisión de Ibiza Jesús Irurre facilitara información a los medios de comunicación sobre algunas cuestiones del centro penitenciario podría constituir «una falta grave». Asimismo, ha tipificado también como posible «falta grave» que uno de los jefes de servicio cogiera seis botellas de agua del economato sin abonar su precio en ese momento para dárselas a sendos internos de nuevo ingreso.
Ambas consideraciones forman parte del pliego de cargos que se ha adjuntado a los expedientes abiertos a Irurre y al otro funcionario los pasados meses de octubre y noviembre, respectivamente. «Están intentando amedrentar a los funcionarios con medidas ejemplarizantes para los demás», señalaron varios trabajadores, que opinaron que se trata de «coacciones formalizadas por una institución». «Seguramente habrá más expedientes», vaticinaron, al tiempo que precisaron que hasta ahora se han abierto cuatro.
En el caso del expediente abierto a Jesús Irurre, el inspector de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras considera que actuó «sin guardar el debido sigilo» respecto a los asuntos que conoce por razón del cargo, bien causando con ello «perjuicio a la Administración», bien utilizándolos «en provecho propio».
En este sentido, se refiere a las manifestaciones supuestamente realizadas por Irurre y aparecidas en la prensa relativa a tensiones entre la dirección del centro y los funcionarios, presunta prevaricación y coacciones, posibles grabaciones de conversaciones y un supuesto caso de acoso sexual, entre otras cuestiones.
Como respuesta a esta acusación, Irurre (que es representante de los trabajadores, miembro de la junta de personal de Balears, vocal del comité de Salud y delegado sindical de CCOO del centro de Ibiza) ha elevado a la Inspección Penitenciaria un escrito de descargo en el que, en resumen, señala que ejerció su derecho «sindical y a la libertad de expresión» y apoya sus manifestaciones con el hecho de que haya procedimientos judiciales abiertos por el supuesto acoso a una interna y las presuntas coacciones.
«No atenta contra la seguridad»
Además, Irurre subrayó ayer que la información a la que se alude –facilitada en rueda de prensa– ni era secreta ni supone ningún tipo de atentado contra la seguridad del centro penitenciario, de modo que consideró que no ha causado perjuicio alguno a la Administración y subrayó que su única intención al denunciarlo como delegado sindical es que se corrijan las deficiencias para mejorar el servicio que se presta.
En el caso del jefe de servicio que dio agua a los nuevos presos, el inspector señala que el funcionario «despertó al interno destinado al economato para que bajara a abrir el mismo», cogió las seis botellas para dárselas a los que acababan de llegar sin pagarlas y después le dijo al interno: «Esas botellas se las cobra usted al administrador».
Varios funcionarios resaltaron ayer que el jefe de servicio –que puede presentar también un escrito de descargo– pagó después el coste de las abotellas, que ascendía a 1,26 euros (0,21 por cada una) y que con su acción, sólo trató de velar por el derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución Española ante los peligros de diversas enfermedades (gripe A, Sida, hepatitis o tuberculosis) que se pueden contagiar si se usan, como se denunció que se venía haciendo, botellas reutilizadas.
Asimismo, pusieron de manifiesto que la normativa prohíbe que un preso tenga cualquier llave del centro penitenciario y que, tal y como recoge el inspector en su escrito, en este caso el interno responsable del economato tiene la que permite acceder a éste.
Una vez que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estudie los cargos de los que se acusa a los funcionarios y las explicaciones de éstos, deberá resolver si se les sanciona o no con una falta grave, como propone el inspector. «Actualmente existe una tensión muy grande en el centro penitenciario », indicaron varios trabajadores, que añadieron que la situación ha provocado problemas de salud a algunos de ellos.
Sanciones
Fuentes conocedoras del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado señalaron que una falta grave puede conllevar desde la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo determinado hasta un traslado forzoso o un cambio de destino.
