El Colegio de Médicos balear impulsa un registro de objeción de conciencia

PALMA | I. OLAIZOLA El presidente del Colegio de Médicos de Balears (Comib), Joan Gual, adelantó que la organización colegial está ultimando la creación de un registro de objeción de conciencia para que los facultativos de las islas puedan inscribirse en él si hay alguna práctica médica a la que su moral se opone.

Cabe recordar que el dictamen del proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto aprobado el pasado jueves y que sorteará la próxima semana su trámite en el pleno del Congreso antes de ser remitido al Senado, recogió la posibilidad de objetar a los profesionales sanitarios implicados en la interrupción del embarazo. Es decir a aquellos que tengan que estar físicamente en la intervención.
«Nuestros servicios jurídicos están perfilando todavía la fórmula más adecuada para sacarlo adelante», señaló Gual, que sólo vio ventajas en esta iniciativa. «El hecho de estar registrado con anterioridad le daría más fuerza y legitimidad al médico para justificar su negación a realizar alguna práctica de su profesión contraria a sus convicciones morales», explicó.

No obstante, el presidente de la organización colegial señaló que a la objeción de conciencia debe apelarse únicamente por cuestiones graves tales como, por ejemplo, una interrupción voluntaria del embarazo, alimentar por la fuerza a un preso o realizar prácticas médicas con células madre.
«El médico sólo puede apelar a la objeción de conciencia cuando se produce un conflicto entre su deber moral y el deber de cumplir con la normativa vigente», aclaró Gual.

Negativa por «razones serias»
«Un médico debe argumentar razones serias, sinceras, constantes y coherentes para negarse a una práctica de su profesión. Y la negativa ha de ser por cuestiones graves y fundamentales», aclaró el presidente del Comib. Gual matizó que, al igual que el facultativo se niega a atender a un paciente por una práctica que va contra su moral, debe garantizar que se cumple la ley.
«No puede intentar evitar una interrupción voluntaria del embarazo si ésta entra dentro de los supuestos legales. Por todo ello, debería derivar el paciente a otro profesional dispuesto a hacerlo o informar al jefe de su servicio del problema. Porque el derecho del médico a objetar no debe colisionar con el derecho del paciente a ser atendido», señaló Gual. En Balears se producen una gran cantidad de abortos cada año y la inmensa mayoría se realizan en las clínicas privadas.

Una posible explicación de este hecho sería una elevada objeción de conciencia que alegarían los profesionales de la sanidad pública o al hecho de que las personas que quieren evitar un embarazo no deseado pretenden pasar ese mal trago lo antes posible, algo que se dilata en la sanidad pública. Respecto a esta cuestión, Joan Gual abogó por que las interrupciones voluntarias del embarazo que se hagan en la sanidad pública balear «también deberían ser una cosa rápida. Y si el sistema no lo permite, se deberían llegar a conciertos con las clínicas privadas para garantizar esta prestación».