FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
El pleno del Consell de Formentera aprobó ayer, de forma inicial, el Plan Territorial Insular (PTI) con los votos de los siete consellers del equipo de gobierno (GxF y PSOE), una abstención del Grupo Independiente (GIF) y el voto en contra de tres consellers del PP. En la misma sesión fue aprobado el presupuesto de la institución para 2010, que asciende a 31,8 millones de euros, con la abstención del PP, el voto en contra del GIF y los votos a favor de los siete consellers del equipo de gobierno. El tercer punto del orden del día fue aprobado por unanimidad y pide al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que practique una nueva delimitación de la zona de uso y dominio público litoral, basándose en el informe jurídico recientemente emitido por la abogacía de la Comunitat Autònoma que aporta criterios jurídicos para iniciar el proceso de un nuevo deslinde de Costas.
La cuestión que más llamó la atención en este pleno decisivo para el futuro de Formentera fue la maniobra que escenificaron los partidos de la oposición y que dejaron en fuera de juego, durante 40 minutos, al equipo de gobierno. Las dudas comenzaron cuando se iba a debatir la aprobación del PTI, en ese momento la consellera del GIF, María del Mar Cardona, anunció que se levantaba de su asiento ya que entendía que podía incurrir en una cuestión de incompatibilidad por tener intereses en algunos terrenos afectados por la norma que se iba a votar. El segundo en reaccionar fue Juanma Costa, del PP, que hizo lo mismo y aportó un informe jurídico de su partido, ya preparado, que plantea la duda en este sentido. El asunto es que para aprobar una legislación de tipo urbanístico es necesario contar con la mayoría absoluta, en este caso siete consellers, y no vale el voto de calidad del presidente. Esa incompatibilidad se establece por ley siguiendo la línea de consanguinidad en cuarto grado (hasta primos) y en segundo grado cuando la relación es de afinidad (política).
La situación dejó sin argumentos al equipo de gobierno y provocó que dos consellers del equipo de gobierno, Bartomeu Ferrer (PSOE) y Josep Mayans (GxF), se levantarán. Incluso el presidente del Consell, Jaume Ferrer, dudó y finalmente optó por hacer un receso de cinco minutos que finalmente fue de 40 minutos. El conseller de Urbanismo, Bartomeu Escandell, lanzó entonces una pregunta: «¿Quién no tiene un primo afectado?». A lo que nadie contestó.
Cuando la sesión se reanudó, la secretaria del Consell explicó que, tras las consultas realizadas, en acuerdos que afectan al interés general la jurisprudencia recoge que los consellers pueden votar asumiendo individualmente su responsabilidad y las posibles consecuencias jurídicas. Ante la desconcertante situación los consellers del equipo de gobierno que se levantaron volvieron a sus asientos, pero los dos de la oposición se quedaron fuera de la sala y no votaron.