PALMA | M. F.
Dentro del acuerdo alcanzado para dar mayor transparencia a la gestión pública, a partir de ahora no se podrá nombrar a nadie para ejercer un cargo ejecutivo «si está en situación de imputación por casos de corrupción a instancias del fiscal», sentenció Antich, quien subrayó la importancia de que la imputación proceda del Ministerio Público, y no a instancias de particulares. Las medidas incluyen la aprobación de una Ley del Sector Público «para garantizar la eficacia y la transparencia de las empresas públicas». También se elaborará una Ley de Publicidad Institucional y la Ley del Suelo. La iniciativa estrella será la «Ley de Buena Administración y Buen Gobierno», que fijará «la asunción de responsabilidades y la correspondiente dimisión o cese de los cargos públicos en el caso de que se dicte acto de procesamiento o apertura de juicio oral a instancias del Ministerio Fiscal, o la adopción de medidas cautelares penales contra una persona imputada por presuntos delitos relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del cargo público», puntualizó el presidente del Govern balear.