PALMA | VIRGINIA EZA
El compromiso de elaborar un código ético ante la corrupción y el de desbloquear algunas leyes consideradas emblemáticas son los hilos con los que PSOE, Bloc y UM dan por hilvanada su alianza, sabedores de que por encima de las grandes declaraciones el Pacto ha quedado tocado por una crisis cuya solución ni siquiera está claro que pueda alcanzar a todas las instituciones. Así, el enfrentamiento en el ayuntamiento de Palma entre UM y EU es tan extremo que los propios socios de legislatura reconocen que es posible que den por cerrada la crisis dejando abierta la situación en Cort. El sábado por la noche los partidos del Pacto ya terminaron de consensuar el acuerdo en la práctica, dejando en manos del presidente del Govern y líder del PSOE, Francesc Antich, la responsabilidad de explicarlo cuando considere oportuno.
A la espera de que Antich ofrezca más detalles, fuentes de los tres partidos reconocen que en realidad el acuerdo consiste en compromisos que ahora deberán concretarse en realidades. Así, en lo que se refiere a la corrupción, las negociaciones han dado como resultado que se elaborará un código ético que incluya como mínimo la dimisión de un cargo imputado cuando el juez adopte medidas cautelares o abra juicio oral, así como que un imputado no pueda ser elegido a partir de ahora para ocupar un cargo ejecutivo. Respecto a las medidas legislativas que se desbloquearán, los socios del Pacto han acordado agilizar la aprobación de las prometidas leyes del suelo, del sector público y de publicidad institucional.
En los tres casos existen ya textos elaborados que no han logrado el respaldo de todos los socios. Así, la ley del suelo que ha confeccionado el Bloc apenas ha avanzado en la puesta en común, ya que desde el PSOE se considera que el resultado es demasiado complejo como para que resulte eficaz. A cambio, el Bloc frenó la ley del sector público cuyo objetivo es establecer un mayor control sobre los consorcios y empresas públicas. Desde el Bloc se alega que el texto elaborado por el PSOE introduce un exceso de control por parte de Intervención, de tal modo que la conselleria de Economía, con el socialista Carles Manera al frente, sería al final la que controlara todas las empresas públicas. En la ley de publicidad institucional es UM la que se muestra reacia ya que contempla que se cree una comisión que controlaría cómo se hace la publicidad.
El objetivo de esta ley es evitar campañas cuya finalidad sea potenciar la imagen, en lugar de aportar información a los ciudadanos.
Junto a estas tres leyes, el acuerdo entre los socios del Pacto prevé también otra sobre las buenas prácticas de gobierno, en la que se incluiría la creación de una oficina de transparencia y que regularía, entre otros aspectos, las cuestiones relacionadas con regalos, invitaciones o similares.
En lo que se refiere a la situación de los diputados sobre los que pesa una imputación, PSOE y UM apoyarían la propuesta del Bloc para una reforma del reglamento del Parlament con el fin de que se establezca que los diputados a los que se abra juicio oral deberán ceder su escaño al siguiente de la lista electoral del partido por el que se hubieran presentado a los comicios.
