El Parlament aprobó ayer, con la abstención del PP, la reforma de la Ley de Comercio y su adaptación a la normativa europea, que incluye cinco enmiendas del grupo popular que salieron adelante gracias al voto del diputado del grupo mixto suspendido de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens. La nueva Ley supone la eliminación de la moratoria de 2005 de grandes superficies comerciales y prohíbe su establecimiento en suelo rústico, y ha sido criticada por el PP por «farragosa». Las enmiendas del PP que ha respaldado Vicens en el pleno se refieren, entre otras cosas, a ampliar la libertad de horarios en festivos a centros de hasta 300 metros cuadrados (antes era de 150), establecer que los centros abiertos desde 2006 estén exentos de la preceptiva licencia autonómica y suprimir la Comisión Interadministrativa de grandes establecimientos, competente para resolver las licencias.

La encargada de defender la Ley fue la consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, quien destacó que se ha consensuado tanto con los partidos como con la sociedad civil, en cerca de un centenar de reuniones con sindicatos, patronales del comercio, consells insulares, ayuntamientos y consumidores. La norma actualiza la Ley de Comercio de 2001 y la adapta al transponer la Directiva Europea de Servicios (conocida popularmente como Bolkestein), de manera que deja sin efecto la moratoria aprobada durante la legislatura pasada, que nació para evitar una posible avalancha de solicitudes de apertura mientras se redactaba la ley.

De acuerdo con la normativa europea, suprime los criterios económicos para limitar el comercio y permite incluir otros como los urbanísticos. En este sentido, la consellera explicó que restringe el establecimiento de grandes centros comerciales al suelo urbano consolidado (nunca en suelo rústico), con el objetivo de conseguir un «desarrollo sostenible» del territorio.

Además, según Vives, asegura el derecho de los ciudadanos a una oferta comercial cercana a sus hogares y reconoce el carácter insular de Balears, restringiendo la consideración de gran establecimiento a los que tengan más de 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 en Menorca y Ibiza, y 200 en Formentera.

En el caso de comercios de vehículos, maquinaria, muebles, material de construcción o elementos de cocina y baño, esta superficie aumenta a más de 2.000 metros cuadrados en Mallorca, 1.500 en Menorca y Ibiza, y 400 en Formentera. Si no se hubiera aceptado esta excepción por el carácter insular, estas superficies ascenderían, según explicó la consellera, a unos 2.500 metros cuadrados.