EUROPA PRESS | PALMA
El Parlament aprobó hoy, con los votos del PSIB, Bloc y Grupo Mixto (UM e Eivissa pel Canvi) y con la abstención del PP, la Ley de Comercio, que supondrá la suspensión de la moratoria de las grandes superficies aprobada por el Ejecutivo de Jaume Matas en el 2005, con el fin de adaptarse a la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, más conocida como 'Directiva Bolkenstein', aprobada en 2006 por el Parlamento europeo y que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
De esta manera, Baleares se adaptará a la Directiva Bolkenstein antes del 28 de diciembre de este año, para lo cual el Govern se ha visto obligado a revisar la actual Ley de Comercio, debido a que el 50 por ciento de sus artículos se ha visto afectado por la citada normativa europea y, por tanto, deben ser modificados.
La consellera de Comercio, Industria y Energía destacó que una de las principales novedades de la Ley, a la que se han incorporado tres enmiendas parciales del PP que han sido transaccionadas, aparece en el artículo 7, que "prohíbe la implantación de establecimientos comerciales en el suelo que no tenga el carácter y la condición de urbano consolidado, excepto cuando se trate de establecimientos vinculados a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales que hayan de ser ubicadas necesariamente en el medio rural".
Además, resaltó que el artículo 13 establece un nuevo concepto de gran establecimiento comercial, de forma que, a partir de ahora, serán "los comercios mayoristas o minoristas que tengan una superficie útil para la exposición y la venta superior a 700 metros cuadrados en Mallorca; a 400 metros cuadrados en Menorca e Ibiza, y a 200 metros cuadrados en Formentera".
De este modo, señaló que en esta Ley, aprobada por el Govern el pasado 31 de julio, "se ha tenido en cuenta la necesidad de asegurar un modelo de comercio de proximidad con igualdad de oportunidades y donde los consumidores tengan los mismos derechos", ya que tendrán "una oferta comercial próxima a sus domicilios y de fácil acceso", al tiempo que "se crearán muchos empleos, se ayudará a la promoción de los productos autóctonos y se generará riqueza en el territorio autonómico".
Así, subrayó que, gracias a la nueva normativa, las grandes cadenas comerciales que hasta ahora no podían instalarse en Baleares lo podrán hacer, lo que, a su juicio, puede representar un "impulso económico importante". Además, aseveró que la Ley reconoce las especificidades del territorio insular, lo que supone que el Gobierno central no haya impuesto una superficie de 2.500 metros cuadrados para ser considerada una gran superficie comercial, tal como era su intención inicial.
Asimismo, añadió que la Ley también especifica que cuando el objetivo del establecimiento sea de forma exclusiva la exposición y la venta de automóviles y vehículos a motor, maquinaria, equipo industrial, embarcaciones, aeronaves, muebles, materiales de construcción, elementos propios de cocina y baño tendrán la consideración de gran establecimiento comercial los que tengan una superficie superior a 2.000 metros cuadrados en Mallorca, 1.500 en Menorca o Ibiza y 400 en Formentera.
Líneas de financiación para pequeños comercios
Por su parte, el parlamentario del PP Josep Juan Cardona consideró que se "ha perdido la ocasión" para haber apoyado al pequeño y mediano comercio a través de esta normativa, con la que, a su juicio, se podrían haber incorporado "líneas de financiación para las Pymes a un coste barato, mientras que también se podrían haber simplificado los trámites burocráticos mediante la creación de una ventanilla única".
Cardona propuso también, a través de una enmienda que fue rechazada, que los Ayuntamientos regularicen a aquellos pequeños comercios que no tienen licencia, a pesar de permanecer abiertos durante muchos años y, en esta línea, recalcó que estos establecimientos "son los que necesitan más una mano de las instituciones, porque son los que menos oportunidades tienen para defenderse".