La ley se aprueba con 5 enmiendas del PP respaldadas por Vicens

EFE | PALMA El Parlament ha aprobado, con la abstención del PP, la reforma de la Ley de Comercio y su adaptación a la normativa europea, que incluye cinco enmiendas presentadas por el grupo popular que han salido adelante gracias al voto del diputado del grupo mixto suspendido de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens.

La nueva Ley supone la eliminación de la moratoria de 2005 de grandes superficies comerciales y prohíbe su establecimiento en suelo rústico, y ha sido criticada por el PP por "farragosa".

Las enmiendas del PP que ha respaldado Vicens en el pleno del Parlament celebrado hoy se refieren, entre otras cosas, a ampliar la libertad de horarios en festivos a centros de hasta 300 metros cuadrados (antes era de 150), establecer que los centros abiertos desde 2006 estén exentos de la preceptiva licencia autonómica y suprimir la Comisión Interadministrativa de grandes establecimientos, competente para resolver las licencias.

La encargada de defender la Ley ha sido la consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, quien ha destacado que se ha consensuado tanto con los partidos como con la sociedad civil, en cerca de un centenar de reuniones con sindicatos, patronales del comercio, consells insulares, ayuntamientos y consumidores.

La norma actualiza la Ley de Comercio de 2001 y la adapta al transponer la Directiva Europea de Servicios -llamada Bolkestein-, de manera que deja sin efecto la moratoria aprobada durante la legislatura pasada, que nació para evitar una posible avalancha de solicitudes de apertura mientras se redactaba la Ley aprobada hoy.

De acuerdo con la normativa europea, suprime los criterios económicos para limitar el comercio y permite incluir otros como los urbanísticos. En este sentido, la consellera ha explicado que restringe el establecimiento de grandes centros comerciales al suelo urbano consolidado -nunca en suelo rústico-, con el objetivo de conseguir un "desarrollo sostenible" del territorio.

Además, según Vives, asegura el derecho de los ciudadanos a una oferta comercial cercana a sus hogares y reconoce el carácter insular de Baleares, restringiendo la consideración de gran establecimiento a los que tengan más de 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 en Menorca e Ibiza, y 200 en Formentera.

En el caso de comercios de vehículos, maquinaria, muebles, material de construcción o elementos de cocina y baño, esta superficie aumenta a más de 2.000 metros cuadrados en Mallorca, 1.500 en Menorca e Ibiza, y 400 en Formentera. Si no se hubiera aceptado esta excepción por el carácter insular, estas superficies ascenderían, según ha explicado Vives, a unos 2.500 metros cuadrados.

El diputado del PP y ex conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, ha criticado varios aspectos de la norma, especialmente su "farragosidad" burocrática, ya que establece trámites "bastante complicados" que afectan sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. "Hemos perdido una ocasión para, mediante esta Ley, establecer más medidas que favorezcan al pequeño comercio", ha asegurado Cardona, quien ha defendido una serie de enmiendas de su grupo referidas a la simplificación de los trámites. Cardona también ha criticado que ahora se "reniegue" de la moratoria aprobada cuando él era conseller, aunque ha reconocido que hoy no aporta nada positivo para reactivar la economía en tiempo de crisis.

El diputado del Bloc Biel Barceló ha alabado que la renovada Ley de Comercio prohíba establecer grandes comercios en suelo rústico, una opción por la que no han apostado otras comunidades como la de Madrid, sin que ello haya significado, ha explicado, "precios más competitivos". Además, ha destacado que apuesta por un modelo de comercio urbano frente al de centros comerciales en las afueras de las poblaciones, y ha indicado que "no reniega" de la moratoria aprobada por el PP, sino que considera que ahora "impide determinadas inversiones en las islas".

Josep Meliá, diputado de Unió Mallorquina (UM), también ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la Ley y la anulación de la moratoria, lo que supondrá un "impulso económico" para la islas.