IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Sant Antoni está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que el centro de menores Padre Morey, ubicado en un pabellón de sa Coma, siga operando sin licencia de apertura y funcionamiento. La concejala de Urbanismo, Pepita Costa, aseguraba el miércoles a este periódico que el desalojo del centro de menores sólo se iba a forzar en «un caso extremo». Sin embargo, en el requerimiento que el martes recibió el Consell, el Consistorio advierte de que si en un plazo de cinco días la institución no acredita la legalidad de la instalación y su actividad, se procederá de forma inmediata a «la paralización y clausura cautelar».
La resolución de Alcaldía advierte de que la orden de clausura será inmediata y que, en el caso de que no se efectúe en un plazo de 48 horas (desde el momento en que se notifique), el Ayuntamiento procederá a ejecutarla de forma «forzosa». Para ello, los funcionarios se personarán en el centro asistidos por las fuerzas públicas, y previa citación de sus responsables, para precintar las instalaciones, tal como prevé la Ley 16/2006 de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de les Illes Balears.
Además, según recoge la orden firmada por el alcalde, José Sala, y en cumplimiento de la misma ley, el Ayuntamiento comunicará la orden de paralización a las empresas que suministran la luz, el agua y el teléfono para que interrumpan el servicio también en un plazo máximo de 48 horas. Por último, el Consistorio también avisa a la institución de que, en el caso de que incumpliera la orden de clausura, se daría traslado a los juzgados para que determinase las posibles responsabilidades penales del infractor.
El Ayuntamiento recuerda que el servicio de inspección municipal advirtió el pasado 11 de marzo que en «el cuartel de sa Coma» se estaba ejerciendo la actividad de centro de menores sin la correspondiente licencia municipal. La resolución del alcalde señala que si en el plazo de cinco días el Consell no responde implicará que éste acepta que el centro funciona de forma irregular.
Revisión del PGOU «atascada»
El Consell solicitó el 11 de marzo licencia de obra menor para reformar el antiguo pabellón de suboficiales para trasladar allí el centro de menores, que funciona desde mayo. Un mes después el Ayuntamiento respondió que no podía conceder dicha autorización hasta que se modifiquen los usos vinculados con Defensa que el actual plan urbanístico (PGOU) contempla en los terrenos de sa Coma. El alcalde asegura que la revisión del PGOU está «atascada», por lo que dífícilmente el Consell podrá justificar la legalidad de la instalación en cinco días.
El presidente, Xico Tarrés, señalaba después de que este periódico desvelara la intención del Ayuntamiento de abrir un expediente de infracción urbanística por el funcionamiento sin licencia del centro de menores, que la institución «siempre ha entendido» que, una vez traspasada la titularidad de las instalaciones a la institución, ésta podía llevar a cabo lo que considera necesario y que así lo decía «implícitamente» el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa.
De hecho, Tarrés restó importancia al problema urbanístico surgido y aseguró que «en absoluto» iba a condicionar las actuaciones previstas por el Consell en sa Coma. No obstante, el Ayuntamiento ha dado un paso adelante y con el requerimiento pone de manifiesto que no va a permitir ninguna actividad en sa Coma que no sea militar hasta que se modifiquen los usos previstos en este espacio en su planeamiento urbanístico. La concejala de Urbanismo, Pepita Costa, insiste en que el Ayuntamiento no se opone a que el centro de menores se ubique en sa Coma, pero que no puede permitir que se desarrolle esta actividad sin licencia. «Vistos los conflictos que se están produciendo, queremos eludir cualquier responsabilidad», razona.
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